Natalia es una madre coraje. Una mujer que tras perder a un bebé entró en una depresión profunda y perdió su trabajo. «Estábamos viviendo en una casa de alquiler en la que pagábamos 700 euros. El dueño de la vivienda que era un particular nos quiso subir y no pudimos asumirlo. Abandonamos el piso y nos tuvimos que meter mi marido y yo con tres niños pequeños en una habitación. Así pudimos aguantar seis meses, pero la situación era insostenible. No paraba de acudir al IBAVI y a las asistentas sociales para que me ayudaran, pero todo el mundo se lavaba las manos», apunta Natalia entre lágrimas.
«Me enteré de que en la calle Son Pontivic había cinco o seis viviendas vacías y pedí una, pero nadie me hacía caso. Un viernes por la noche, me presenté en el edificio y entré en la casa. Las casas estaban nuevas y las llaves de la puerta en el cajón de la cocina. Nos instalamos y, a primera hora del lunes siguiente, me presenté en el IBAVI con mi DNI en la mano explicando lo que había hecho y pidiendo hablar con algún superior para que me hicieran un contrato y poder pagar el alquiler social. Una vez más, nadie me atendió. Al día siguiente, presenté una instancia y lo puse todo por escrito. Así sucesivamente pidiendo por favor que alguien me ayudara», comenta la protagonista de esta historia.
Cuatro años más tarde, el Institut Balear de l'Habitatge interpuso una denuncia contra los okupas. Ahora, un juzgado de Palma ha absuelto a la pareja. La titular del juzgado de Instrucción número 10 indica en la sentencia que la institución pública no ha mostrado ningún interés en cuatro años por recuperar la posesión. El fallo sostiene que una pareja y sus tres hijos accedieron a una vivienda situada en la calle Son Pontivic que era propiedad del IBAVI. Desde julio de 2017 la institución pública tenía conocimiento de dicha ocupación e interpusieron denuncia el 5 de febrero de 2021.
La jueza Carmen Abrines señala en la sentencia que el organismo público, «cuya misión es ofrecer viviendas de alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el procedimiento establecido, no ha mostrado durante cuatro años ningún tipo de interés por la vivienda». Los denunciados, asistidos por el abogado Eduardo Luna, del despacho Equare Abogados, que se hizo cargo de la defensa de forma altruista reconocieron que ocuparon de manera ilegal la vivienda. «Es consciente esta juzgadora que no pueden premiarse conductas como las de los denunciados, que se saltan todos los procedimientos legalmente establecidos para ocupar una vivienda en perjuicio de las personas también necesitadas que siguen el cauce legal, pero insistimos en calificar de exagerado un plazo de cuatro años para poner una denuncia».
«Soy plenamente consciente que lo que hicimos está mal, pero lo volvería a hacer. ¿Dónde vas con tres niños pequeños y con una depresión de caballo si nadie te ayuda? Pedimos a las instituciones que nos ayuden y nos ofrezcan la posibilidad de pagar un alquiler social acorde a nuestras posibilidades. Los vecinos están encantados con nosotros y somos una familia más, integrada en este barrio». La entrevista tiene que detenerse porque Natalia rompe a llorar.