«En este comercio no queremos gitanos. Estamos cansados de que nos robéis. Aquí no vais a entrar». Así de claros y rotundos se mostraron los empleados y el encargado de un conocido establecimiento comercial de Palma con una familia gitana que quería acceder al interior de la tienda para comprar. Carlos Cortés Rado, más conocido como ‘El Charly', presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (FAGIB), explica lo sucedido. «Lo que os voy a contar es algo que he vivido en primera persona junto con mi familia. Se trata de un atropello en toda regla a la dignidad de las personas, los derechos humanos y un claro ejemplo de racismo», apunta el presidente del pueblo gitano.
«Esta mañana (sábado para el lector), fuimos a comprar junto a mi mujer e hija a una tienda. A la entrada, el personal y el encargado nos paró de muy malos modos y sin educación diciendo que no podíamos entrar. Que los gitanos robamos y que allí no quieren gitanos. Le pregunté si nosotros habíamos robado que sacarán las cámaras y nos denunciaran. Es más, sean payos o gitanos, todo el que roba debe ser denunciado y que paguen por ello», explicó Carlos Cortés al responsable del establecimiento.
«Me dijo que no tenían que dar más explicaciones. Que en esa tienda no quieren gitanos y que tienen derecho de admisión». Acto seguido, el presidente del pueblo gitano contactó con sus abogados y solicitaron la presencia de una unidad de la Policía Local de Palma. A su llegada, explicaron lo sucedido y ante los agentes, el encargado seguía manteniendo que no iba a dejar entrar a esa familia gitana. Los policías trataron de hacer entender al comerciante que si se trataba de personas conflictivas o ladrones que aportara las pruebas, pero que en caso contrario, por el simple hecho de ser de etnia gitana la Ley en España no permite hacer ese tipo de distinción. Es más, está considerado como delito de odio discriminar a las personas por razón de raza, sexo, religión u orientación sexual.
Las víctimas, muy afectadas por lo sucedido y por la vergüenza que estaban pasando al suceder este altercado ante más de 50 clientes y trabajadores, decidieron abandonar las instalaciones. Los agentes de la USEI de la Policía Local de Palma redactaron un informe judicial y los abogados del bufete Salvà-Horrach están preparando la correspondiente denuncia por un presunto delito odio. A última hora de la noche de ayer, la propiedad del establecimiento contactó con los afectados para disculparse y anunció medidas sancionadoras para los trabajadores que tuvieron ese comportamiento.