Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert reclaman al TSJIB que condene a más de 30 años de cárcel a el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. En una calificación conjunta que también suscriben el director de Tito's, Jaime Lladó, y otro empleado del grupo, Jaime Bergas, consideran que el juez y el fiscal que promovieron el 'caso Cursach' junto a cuatro policías de blanqueo cometieron hasta catorce hechos delictivos diferentes que suponen cargos por prevaricación, revelación de secretos, coacciones y obstrucción a la justicia.
La petición de condena se dispara porque la representación de Cursach y Sbert suma 11 delitos de obstrucción a la justicia diferentes por las detenciones de cargos municipales en el 'caso ORA'. Solo por este hecho, reclama para cada uno 27 años y medio de prisión. Para los seis acusados la pena máxima sería de nueve años de cárcel.
La calificación afirma que Penalva, Subirán y los policías «decidieron vulnerar los derechos fundamentales de las personas investigadas». Describe que, a la vez que desvelaban una serie de datos bajo secreto a periodistas «para generar una opinión social desviada» evitaban mediante el secreto de sumario que las defensas de los imputados «tuvieran acceso a la información veraz y pudieran ejercer su trabajo». Todo ello «servía para proponer, cuando no para imponer a los testigos el contenido de sus declaraciones, aún a sabiendas de su falsedad, lo cual era posible por la presencia coactiva de todos o algunos de los policías acusados con el veto de la presencia de los abogados defensores, valiéndose del secreto de de instrucción».
Añade que este método permitió que se plantearan como «reales imputaciones esperpénticas al amparo de declaraciones falsarias». Entre los hechos que describe están las supuestas amenazas a Sbert por parte de un agente para que inculpara a José María Rodríguez, también incluye como se habría reflejado datos falsos en declaraciones de testigos protegidos. Otro de los episodios por los que acusa son las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, las de un funcionario municipal al que se encarceló y solo se liberó, según la acusación, cuando cambió su declaración. Además, sostiene que tanto juez, fiscal y policías se coordinaban para dar «golpes de efecto».
En total, la acusación conjunta reclama para Manuel Penalva una condena de 32 años y medio de cárcel; 37 y medio para Subirán; 31 para el agente de Policía Iván Bandera; 34 y medio para Miguel Ángel Blanco; 30 y medio para Blanca Ruiz Alfaro y 33 y medio para el jefe del grupo, José Luis García Reguera. El escrito de calificación se presentó ayer en el Tribunal Superior de Justicia después de que se hayan desestimado los últimos recursos de Penalva y Subirán para intentar anular la instrucción por el 'caso Móviles' y un día después de que finalizara el juicio del 'caso Cursach' en el que las cuatro personas que la encabezan hayan sido absueltas.