«Este informe tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido la injusticia y el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño». El fiscal, Tomás Herranz, terminó su informe con la voz quebrada su informe. El momento fue seguido por un aplauso generalizado de todos los acusados y la bancada de las defensas, entre ellos Bartolomé Cursach o Sbert, presentes. Durante un meticuloso informe, el representante del Ministerio Público ha repasado cada uno de los elementos que formaban parte de la acusación inicial para concluir que el caso ha sido «un fracaso total de la administración de justicia».
«No es normal una retirada de acusación, tan anormal es que el fiscal debe seguir unos trámites. Aquí se tiene autorización del fiscal jefe Anticorrupción». Argumentó que buena parte de la actuación del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se dejaron guiar por las «calumnias» de algunos empresarios. «Llegaron alas orejas del equipo instructor, les susurraron a los oídos su versión y aturdieron el cerebro de este grupo de investigadores que perdió el sentido. El resultado fue que se menoscabó la fama de los aquí acusados injustamente y podemos decirlo porque el resultado nos permite decirlo: no han hecho nada delictivo. No lo han hecho», siguió. «Se consiguió la muerte civil de los acusados».
Uno de los elementos con los que más duro ha sido fue el uso de los testigos protegidos como denunciantes anónimos y ha cargado en especial con los empresarios de Magaluf y Palma que ejercían la acusación. «Hasta las acusaciones particulares han reconocido que el resultado de la prueba es cero, nulo».
También se ha centrado en la declaración de algunos agentes de la policía local, que formaban parte de un chat con el fiscal Miguel Ángel Subirán que tenían pases VIP en el Megapark, realizaban inspecciones a establecimientos pero que nunca fueron investigados. «Sus declaraciones no tienen sentido, cualquiera que lo semeta a las reglas de la razón ve que el relato no es coherente».
Integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa presunta trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.