«Ese encarcelamiento era una cabeza cortada públicamente para facilitar lo que vino en los ayuntamientos de Palma y de Calvià». Pedro Torres, el ingeniero municipal que ingresó en la cárcel por cerrar el local de 'El Ico' ha monopolizado la sesión de este martes en el juicio del 'caso Cursach'. Ha desgranado numerosas infracciones e incumplimientos de los dos locales que aún ejercen la acusación: el Level y sa Trobada y ha repasado cómo ocurrió su detención.
Torres fue arrestado por primera vez en mayo de 2016 por la Policía Nacional. Según su relato intuía que iba a pasar por informaciones que se habían publicado. «Me hicieron preguntas generales pero no sobre los hechos por los que me habían detenido». Contó que aportó los informes completos de la actuación en el Cavalli pero que no se incorporaron en la causa. «Estaba claro que era la primera vez que los policías de Blanqueo veían un expediente completo», ha declarado. Explica que todas las conclusiones durante la instrucción se basaban en examinar unas determinadas actas de inspección, pero que no se valoró toda la documentación que existía: en particular denuncias de vecinos y otras resoluciones administrativas que obligaban a los policías a revisar a los locales que han denunciado acoso.
Tras esa primera declaración ingresó en prisión. Salió en el mes de julio de 2016, una semana después de que se levantara el secreto. Un mismo día declaró dos veces, la primera con las defensas presentes. «Cuando salió un nombre se notó que al fiscal Subirán le cambiaba el rictus». Era José María Rodríguez. Se paró esa declaración, se volvió a enviar al ingeniero a la cárcel y declaró otra vez por la tarde bajo secreto. Entonces mencionó locales de Cursach. Asegura que se sentía coaccionado.
Sobre el Level, el ingeniero ha manifestado que intervino después de una actuación de la Policía Nacional. Fue una inspección en la que había más de 800 personas en el local. Señala que requirió al Govern para saber si tenía plan de autoprotección y qué aforo tenía permitido. No existían esas medidas de seguridad.
En torno a Sa Trobada, que mantiene cargos contra dos policías locales, repasó la existencia de decenas de denuncias vecinales contra este establecimiento. Aclaró que intervino dos veces en él mismo porque generaba mucho ruido. «Incumplía manifiestamente los límites de contaminación acústica», insistió. También justificó una de las visitas de los dos policías acusado a este local: cumplían con un decreto del ayuntamiento para controlar el ruido en el bar, que tenía licencia de café concierto en una planta y de cafetería en otra.
El tribunal ha reordenado las sesiones del juicio tras las retiradas de acusación y la reducción de testigos. La última jornada sería el 14 de diciembre.