Con la retirada de la Fiscalía Anticorrupción, el macrojuicio del 'caso Cursach' queda a expensas de las tres acusaciones particulares que hay personadas: la que agrupa al empresario Ángel Ávila y sus socios, la de José Manuel Bover y sus empresas, y la de la mercantil sa Trobada. El papel de las tres ha sido muy polémico desde un inicio por problemas en torno a su personación en el juicio. El tribunal afirmó que no puede forzar un pronunciamiento suyo en este momento sobre si modifican o no su posición, aunque es probable que algunas de ellas lo hagan. De lo contrario aguantarán hasta las conclusiones definitivas.
La acusación de Ávila sostenía inicialmente que las discotecas Level y su sucesora El Divino fueron perseguidas de forma injusta la Policía Local por indicaciones de Bartolomé Cursach y de Sbert. En su declaración, el empresario puso de manifiesto que se sancionaban a sus tiqueteros mientras que a los de Tito's no o se les bloqueaban autobuses. También aludió a una persona que les ponía denuncias por cuenta de Cursach sin vivir siquiera en el Paseo Marítimo. En su contra, admitió que sus locales tenían varios problemas administrativos y que eran sancionados por ello. El policía al que responsabilizaba de ese acoso es un acusado que falleció. Reclaman para Cursach una condena de nueve años y medio de prisión.
La más beligerante hasta ahora es la acusación de Bover y Magaluf Boulevar. Ha protagonizado las últimas sesiones del juicio en torno al conflicto entre BCM y sus establecimientos en la plaza Pitiüses de Calvià. El problema de esta acusación es que quedó muy limitada ya en la instrucción cuando los hechos más graves que denunció de inicio como coacciones y agresiones por parte de empleados del Grupo Cursach quedaron fuera del procedimiento sin que recurrieran esa decisión. De esta manera se tuvieron que adherir a otros escritos en los quedan limitado a actuar por el supuesto retraso en la revisión de oficio de la licencia de la discoteca BCM y a unas barreras situadas detrás de este establecimiento que Cursach supuestamente empleaba para obstaculizar el paso a sus locales. Acusan a un técnico municipal supuestamente por complicidad con ellos.
La tercera acusación limita su actuación a un local de Palma, el bar sa Trobada. Quedó en una posición complicada tras la declaración del propietario que aseguró no saber por qué reclamaba dinero a Cursach. Este establecimiento fue clausurado por la policía por numerosos incumplimientos. Las defensas, mientras tanto han renunciado a numerosas testificales de descargo tras el paso de la Fiscalía. Aguantan las demás a la espera de qué paso dan las acusaciones particulares.