Otra jornada de testigos fallidos en el 'caso Cursach'. Los cuatro que han declarado en la sesión de este martes apenas han aportado dato alguno sobre el caso. Dos de ellos fueron testigos protegidos durante la causa y declaraban a petición de una de las acusaciones particulares, la que representa a empresarios de Calvià. Los cargos de esta parte están muy acotados por la instrucción y han sido repetidamente advertidos por la Sala que solo pueden actuar en torno a la supuesta falta de actuación del Ajuntament de Calvià por una valla que se colocó en BCM y que impedía el paso a sus locales. Los dos testigos ni siquiera habían visto ese obstáculo. Tampoco sabían si Cursach tenía controlados a funcionarios o policías locales de Calvià.
Uno de ellos, el testigo 30 aseguró que solo tenía conocimiento de que policías locales trabajaron como seguridad en el Western Park en torno al año 2000 y que no pagaban entrada. Sobre agentes de Palma solo aludió a uno de los acusados que falleció antes del juicio y apuntó a que, bajo su criterio como antiguo empleado de Cursach no se controlaba el aforo. «Oído, he oído muchas cosas», dijo. En instrucción fue un testigo que habló de muchas más cuestiones como sobornos. Ahora, admite que, en ese momento se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico. Entonces dijo que compareció en la causa para ayudar a su amigo Ángel Ávila, uno de los empresarios que ejerce la acusación particular. «Ahora me da lo mismo quien gane».
El otro testigo protegido, al que también se le levantó la protección, tampoco aportó mucho. «¿El Grupo Cursach tenía contactos en el Ajuntament de Calvià?», le preguntó la abogada Teresa Bueyes. «Lo desconozco».
En la sesión también declaró un detective privado que elaboró hace una década un informe para Ángel Ávila. Acreditaron que una persona que interpuso varias denuncias contra la discoteca Level que desembocaron en la actuación de la Patrulla Verde vivía en realidad muy lejos del Paseo Marítimo. No concluyeron el motivo. Esta persona ya declaró en otra sesión del juicio y dijo que lo hizo por amistad con un asesor jurídico de Cursach y que lo que se reflejaba en las denuncias era cierto.
El cuarto testigo del día fue un funcionario del Ajuntament de Palma. Declaró en torno al expediente abierto a un agente de la Policía Local que fue instado por uno de los acusados, el suboficial Tomás Más tras un escrito en el que se denunciaba que este iba a trabajar en coche patrulla cuando los demás iban en su propio vehículo. Ese documento se leyó de forma pública en una reunión y el suboficial pidió que se expedientara al agente. El testigo, que participó en la elaboración del expediente negó que existieran presiones de los mandos para castigar al policía. A preguntas de la defensa del jefe Joan Miquel Mut, señaló que el comisario reclamó varias aclaraciones al suboficial que no eran necesarias para el expediente sino que buscaban «aclarar» lo que había ocurrido.