Cuatro trabajadores y la responsable de la empresa postal que entrega las multas de tráfico del Ayuntamiento de Palma han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de falsificar 23 firmas como si hubieran entregado la notificación a los infractores. De acuerdo con la investigación llevada a cabo, en total se habrían falsificado 23 notificaciones distintas entre comienzos de 2020 y el otoño de 2021 y habría al menos 18 perjudicados, ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares en un comunicado. La Comisaría de Distrito Centro ha finalizado la "Operación Strogoff", en la que se investigaba a diversos repartidores de correo por abrir notificaciones dirigidas a ciudadanos de Palma multados por el área de tráfico de Cort, y luego con los datos que contenían, falsificar los justificantes de entrega.
El cuerpo policial ha recalcado que ello supone un quebranto importante, al constar que se habían notificado las multas a los infractores sin saberlo y, consecuencia de ello, se dejaron pasar los plazos para pagar las multas, con unos importes que en algunos casos se llegaron a triplicar. Esta investigación, que se inició el pasado otoño, se saldó en noviembre con la detención de uno de los trabajadores de esta empresa postal, si bien en los meses siguientes continuaron las denuncias que han dado lugar a las cuatro nuevas detenciones, producidas el pasado viernes.
La mayoría de los perjudicados ha sufrido estas irregularidades en una sola notificación, pero algunos de ellos, que habían sido multados en dos e incluso tres ocasiones, han visto como las falsedades se reiteraban en otras tantas ocasiones. De acuerdo con la investigación policial, se ha podido demostrar hasta un total de 23 casos en los que se han abierto las cartas y falseado los acuses de recibo, aunque se sospecha que la cifra pudiera ser bastante mayor al haber pagado los ciudadanos afectados las sanciones y no efectuar denuncia o reclamación alguna.
El procedimiento de notificación estaba regulado y sujeto a un férreo control por parte del Ayuntamiento que exigía una serie de datos en cada notificación que buscaban garantizar la imposibilidad de que hubiera irregularidades, y asegurase la legalidad de todo el procedimiento. Esas medidas, que implicaban el uso de dispositivos electrónicos que registraban con exactitud la hora y lugar en que se realizaban las notificaciones, e identificaban al empleado responsable, estaban pensadas en parte para evitar que ciudadanos notificados correctamente alegasen irregularidades en el proceso y no pagasen las sanciones.
Según la Policía, este procedimiento tenía una laguna, ya que si el repartidor decidía falsear una notificación, podía hacerlo abriendo la carta, anotando en el dispositivo electrónico los datos que contenía, y luego falsificando la firma del receptor. En total, por estos hechos ya han sido detenidos cuatro de los trabajadores y la responsable de la entidad como presuntos autores de un delito contra la intimidad y otro de falsedad documental. Además, los agentes sospechan que los trabajadores cometían estos delitos sin conocer sus consecuencias y que lo hacían para cobrar las comisiones que abonaba la empresa cuando el porcentaje de notificaciones entregadas era elevado, y que complementaban los sueldos de los repartidores. La investigación continúa abierta ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.