La Audiencia juzgará el 12 de mayo a tres personas acusadas de vaciar y destrozar un restaurante cuando se les obligó a devolverlo y de maniobrar para apartar a su socia de la administración del negocio. La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de ellos. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este miércoles una vista previa al juicio por estos hechos. Las partes no han alcanzado ningún acuerdo e irán a juicio en mayo. La Fiscalía imputa a los acusados, una mujer rusa y dos varones españoles, presuntos delitos de administración desleal, delito societario, hurto y daños.
Según el relato del fiscal, en 2012 la acusada constituyó con otra mujer una sociedad a partes iguales, destinada a explotar un restaurante de comida japonesa en un municipio de la Part Forana. Para ello suscribieron, ese mismo día, un contrato de alquiler del local, que se entregó reformado y preparado para funcionar como restaurante. La acusadarecibió 8.700 euros en efectivo para comprar materiales y muebles y un préstamo para los primeros pagos a proveedores, pero según el fiscal los acusados se habrían quedado con este dinero sin destinarlo a su propósito original. La Fiscalía sostiene que sólo una semana después de constituir la sociedad, dos de los acusados maniobraron para apartar por completo a la socia de la administración del negocio para quedarse con todos los beneficios que produjera.
Así, cambiaron la cerradura del local y asociaron la TPV del establecimiento a la cuenta de uno de ellos. Tras la temporada turística, el local acumulaba impagos de alquiler y la víctima dimitió de su cargo de administradora y procedió al desahucio de la sociedad, que se ejecutó en febrero de 2013. El fiscal mantiene que los acusados --la mujer, su pareja y el hermano de éste-- se habrían llevado todo el mobiliario antes del desahucio, y de haber provocado intencionadamente daños como arrancar el cableado, inundar de agua el establecimiento o quitar las vidrieras y las puertas del aseo. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una multa e indemnizaciones para los perjudicados.