Sin tarjeta a la vista no hay delito. El hombre que fue juzgado en Palma a finales del mes de noviembre acusado de aparcar en el párking de un supermercado con la tarjeta de minusválido de su padre fallecido ha sido absuelto. La jueza considera en la sentencia que no hay pruebas suficientes de que el hombre la colocara en el salpicadero del coche. La Fiscalía solicitaba para el imputado, que se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, donde estuvo defendido por el abogado José Ignacio Herrero, una pena de seis meses de prisión y el pago de una multa de 3.240 euros.
En el fallo, al que ha tenido acceso Ultima Hora, la magistrada señala que de la prueba practicada durante la celebración de la vista se puede desprender «una ligerísima sospecha de que el acusado hubiese colocado la tarjeta de movilidad reducida, de la que era titular su padre ya fallecido, en el salpicadero del vehículo el 5 de febrero de 2020», sostiene la jueza. Ni el testigo principal, con el que discutió el procesado, ni una trabajadora del supermercado, ni los agentes de la Policía Nacional que declararon en el juicio «vieron la tarjeta», apunta la sentencia.
El testigo que denunció la irregularidad presuntamente cometida por el procesado declaró en el juicio que lo vio «aparcando en una plaza de minusválidos y le dije que no tenía derecho a hacer eso ya que no tenía ninguna discapacidad», relató a preguntas de la fiscal el hombre. Poco después avisó a la policía tras mantener una discusión con el acusado, de nacionalidad española, en el interior del establecimiento.
Los agentes identificaron al conductor, tras una foto aportada por el declarante, e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Llegaron a la conclusión de que el procesado había utilizado la tarjeta de movilidad reducida de su padre ya fallecido, expedida en el mes de enero de 2015 y que estaba dada de baja desde abril de 2016. Pero cuando fueron cuestionados por el abogado del hombre nadie pudo decir que la vio en el coche. Tampoco había fotografías de la misma aportadas en la causa. Por todo ello la magistrada ha absuelto al acusado.
El apunte
Medio año de cárcel y una multa de 3.240 euros
El imputado abandonó la sala del juzgado de lo Penal de Palma el pasado 30 de noviembre comprobando que la Fiscalía mantenía la petición de seis meses de cárcel y el pago de una multa de 3.240 euros para él. Se le acusaba de un delito de uso de documento oficial auténtico del cual no es su titular. Poco más de un mes después de la vista le ha llegado la notificación de su absolución.