Basta con pegar un ojo a la tesis conspirativa con la que Penalva se defiende en el TSJIB para llegar a la conclusión de que ese señor no está en condiciones para decidir si alguien debe o no ir a prisión.
Sin embargo, hasta este miércoles era el titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma. Cualquier día podía haber decidido reincorporarse, coger la toga y ejercer con todas sus atribuciones de juez de instrucción. La situación hubiera sido tremenda y es una consecuencia de la lentitud con la que transita este asunto.
Los mensajes que respaldan los posibles delitos del magistrado se conocen desde hace más de dos años, los que lleva de baja y aún no se atisba una resolución para este asunto. La jubilación de Penalva soluciona un problema para el Poder Judicial, el de su posible vuelta, y otro para el retirado que queda blindado ante una posible inhabilitación. El resto de su futuro está en manos de tres magistrados: Pedro Barceló, Antoni Terrasa y Fernando Socías, que son los que tienen que decidir si Penalva debe ser juzgado, como sostiene la Fiscalía por detención ilegal, prevaricación, grupo criminal y delitos que implican cárcel. La alternativa es que mantengan el criterio del instructor, Carlos Gómez, que solo aprecia delitos menores porque, considera, que los mensajes no reflejan lo que ocurría de forma real en la instrucción.
En los corrillos de los juzgados se especulaba con que esta jubilación sea un primer paso para seguir el camino de Subirán: el de alegar que no puede ser juzgado por problemas de salud. Es una hipótesis que no valora que el personaje está peleón y que busca demostrar que es víctima de un enorme complot para salvar a Bartolomé Cursach a su costa. Sin embargo, los mensajes del grupo ‘Puteros peperos' los escribían él, el fiscal Subirán y los policías de Blanqueo. Si su actuación hubiera sido correcta, el caso estaría cerrado y él, en activo.