La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Madrid está investigando a una empresa de Palma por una trama nacional de adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario contra la Covid. De momento hay once detenidos en distintas ciudades, y ha sido imputado Óscar Liria, vicepresidente tercero de la Diputación de Almería.
Se trata de un concesionario de coches de la capital balear, a donde hace unos días acudieron los agentes para llevarse una factura que podría estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, «a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas».
«Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el Covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público», añade la Benemérita. Hasta el momento se han practicado 11 detenciones y se están llevando a cabo diferentes actuaciones en Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma. La Guardia Civil ha subrayado que se trata de la «primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del Covid-19». Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros. La operación está previsto que se desarrolle entre ayer y hoy por parte de la UCO, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
El beneficiario de las adjudicaciones pertenece a un red de narcotraficantes
La trama investiga principalmente la compra de mascarillas durante la primera fase de la pandemia, después de que se descubriera que el principal adjudicatario de los contratos pertenecía a una red de narcotraficantes, que blanqueaba dinero. La ‘operación Lúa' cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación, como la de Palma.