Los dos propietarios de un centro médico de Palma y una trabajadora se enfrentan a una petición fiscal de dos años de cárcel para cada uno por emplear a falsos enfermeros entre 2012 y 2017. El ministerio público les acusa de un delito continuado de intrusismo.
Además, solicita que se les inhabilite durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria, así como para el desempeño de cargos de dirección o gestión de establecimientos sanitarios y de administración de sociedades que se dediquen a prestar servicios médicos.
Reducir costes
La pareja se encargaba de la gestión del centro médico. La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que, «con la finalidad de reducir costes» y al menos desde principios de 2012 y hasta marzo de 2017, «presionaron a distintos trabajadores sin titulación» del centro médico para que realizaran actuaciones y funciones de enfermería.
Los trabajadores llevaban a cabo tareas de instrumentación en quirófano, electrocardiogramas, extracciones sanguíneas, administración de medicación por vía intramuscular y venosa, así como realización de curas y colocación de vías. Los propietarios del centro lograron su propósito «ante el temor de los empleados de perder el puesto de trabajo». La presión, según el relato del ministerio público, también la ejercieron a través de una empleada de confianza de la dueña del centro que, pese a que carecía de la titulación de enfermera, realizó extracciones sanguíneas, curas y colocación de vías.
El Ministerio Fiscal considera que los propietarios del centro médico y la trabajadora son autores de un delito continuado de intrusismo profesional en establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios médicos. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.