Los agentes de la Policía Nacional que entraron en mayo en una vivienda, tras recibir un aviso de que se estaba celebrando una fiesta, contaban con una autorización verbal del morador del piso, según ha declarado ante el juez uno de los vecinos del inmueble.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antonio Garcías, tomó este lunes declaración a dos vecinos como testigos de los hechos, que tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020.
En aquel momento, Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada, por lo que celebrar una fiesta con personas ajenas al domicilio vulneraba las restricciones impuestas por el estado de alarma por el COVID-19.
La declaración prestada por los vecinos corrobora la versión de los agentes, que sostuvieron que uno de los residentes del piso les había dado permiso para entrar, y que el que grabó el vídeo no vivía allí. El autor del vídeo está investigado por un delito de desobediencia tras una denuncia de los agentes afectados y de los sindicatos Jupol y CEP.
Uno de estos testigos escuchó cómo la Policía preguntaba a su vecino si tenía inconveniente en que pasaran a revisar la vivienda, y que oyó a su vecino aceptar que los agentes entraran. Según su relato, al cabo de un rato empezaron a subir la voz y oyeron como un chico le decía a la Policía que se marcharan de la vivienda. También ha apuntado que la Policía solicitó reiteradamente que se identificasen y se negaron.
Este vecino ha afirmado ante el juez que la persona investigada por desobediencia, a la que se escucha discutir con la Policía en el vídeo, no reside en el domicilio, sino que allí sólo viven dos personas. Este vecino ha contado contó que no oyó la fiesta, sino que oyó llegar a los agentes. Quien llamó a la Policía fue una vecina del edificio contiguo, sobre las 2.00 horas.
La mujer ha detallado ante el juez que no era la primera vez que en el piso acogían visitas, y que sus residentes ya habían sido advertidos de que no podían hacerlo debido a las medidas por el COVID-19. De hecho, ha declarado que el motivo por el que llamó a la Policía no fue el ruido, sino el incumplimiento de las restricciones del estado de alarma.
La mujer ha precisado que aquella noche en el piso estaban fumando porros -ha indicado que los olía- y consumiendo alcohol, y que vio cómo escupían al piso de abajo. También ha señalado que podía escuchar cómo otros vecinos les increpaban.
Además, ha informado de que cuando se fue la Policía, en el piso siguieron de fiesta hasta las 5.00 horas, y que les pudo oír en el balcón comentando lo sucedido. También ha indicado que, desde entonces, cuando en la comunidad llaman la atención a estas personas por hacer ruido, ellos les contestan que la culpa la tienen los vecinos «por hacerles virales».
Con todo, esta mujer no oyó la autorización verbal del morador del piso a los agentes. Sí pudo corroborar que en la casa viven únicamente dos personas y que el imputado no reside ahí.
Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.
Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.
El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado «por la fuerza». En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.
Los sindicatos defienden que la actuación de los agentes se ajustó «plenamente» a la ley. Las denuncias también atacan la publicación del vídeo en Internet, destacando que en las imágenes aparece el rostro y cuerpo de los agentes, «permitiendo que éstos sean fácilmente identificados, comprometiendo de este modo gravemente la intimidad de los policías implicados».
Además, afirman que el vídeo suscitó «todo tipo de debates y comentarios», que consideran calumniosos e injuriosos para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía.
Cuando el investigado fue llamado a declarar ante el juez a principios de septiembre, se acogió a su derecho a guardar silencio.