Los registros de este viernes son la segunda intervención de la Fiscalía Anticorrupción en la Autoritat Portuària de Balears. En 2010 estalló el ‘caso Mar Blau', que no se cerró hasta el año pasado con un acuerdo en el juicio que dejó en agua de borrajas una década de investigación judicial. El caso se llevó entonces por delante a toda la cúpula de la entidad. De los doce acusados que llegaron a juicio, entre ellos el expresidente de la entidad Francesc Triay, tres asumieron una condena que se quedó en penas de multa: el ex director general Ángel de Matías y los empresarios Gerado Díaz Ferrán y Carmelo Hernández.
La investigación revisó entonces toda una serie de contratos en Eivissa, Formentera y Menorca. Las condenas llegaron por la manipulación de un contrato para la explotación del puerto de Maó. Los condenados asumieron que se manipuló la subasta. La empresa Trapsa Yates, de Díaz Ferrán renunció en 2004 a la adjudicación del puerto de Maó, que habría ganado para permitir que se la quedara el Club Marítimo. A cambio se pactó un pago ilegal para compensar a Trapsa. Quedaron fuera de la acusación, por falta de pruebas, un supuesto soborno por la venta de un piso en Formentera a un cargo de la Autoridad Portuaria a precio de saldo. También con una revelación de secretos en torno a los amarres de La Savina.
El caso se quedó tocado tras una instrucción eterna durante la cual fallecieron investigados, como el antiguo presidente de la Autoridad, Juan Verger. Los tres condenados tuvieron que pagar multas y se les a todos ellos reconocieron atenuantes de dilaciones indebidas.
Un consejo en el que están representadas quince instituciones de las Islas
La Autoritat Portuària, aunque depende del Ministerio de Transportes, mantiene una elevada autonomía. En su consejo de administración están representadas instituciones como el Govern, con tres puestos, los cuatro consells insulares, el Ajuntament de Palma, la Cámara de Comercio, la CAEB, la Asociación de Empresas de Actividades Marítimas y UGT. También está presente Puertos del Estado, Capitanía Marítima y la Abogacía del Estado, que tiene un vocal en el consejo y, además, su directora en las Islas, Dolores Ripoll, ejerce como la asesora jurídica de la institución.
Los políticos han repartido el pastel de estas entidades, (mueven mucho dinero) en los consejos de administración, en numerosos beneficiados, hasta mariscadores sindicales de secano, normalmente Liberados, como los de ugt, o la propia abogacía.., tengan voz, pero al final todo se rige, de forma corrupta, entre los 3 o 4 con más recomendación.