Se avecinan problemas en los juzgados de lo Social de Palma. Tras más de 80 días de parón por el estado de alarma con la suspensión de centenares de actos de conciliación y juicios, hay que reubicar las agendas y asumir causas urgentes que deriven de la COVID-19. Así, la junta de jueces advierte que algunos de estos órganos tienen ya las agendas llenas hasta 2022: «Por lo que se refiere a la recolocación de juicios, la junta acuerda realizar el máximo esfuerzo para celebrarlos a la mayor brevedad posible, pero sin poder obviar la saturación de las agendas judiciales».
Así, los cinco jueces de esta jurisdicción consideran «imprescindible» que se mantengan los refuerzos actuales y que se pongan otros mecanismos para apoyarlos, «para dar una respuesta pronta, ágil y flexible al grave escenario que se prevé a la conclusión del vigente estado de alarma». Estos magistrados temen una oleada de causas por despidos, ERES u otros conflictos colectivos a raíz de la crisis económica. El Real Decreto aprobado por el gobierno prioriza además los despidos y otros problemas laborales que tengan que ver con las situación generada por la enfermedad.
Así, probablemente, los perjudicados sean otras causas, como recursos contra la Seguridad Social para reclamar discapacidades, que se verán muy demorados en el tiempo, al igual que las reclamaciones de cantidades debidas por parte de las empresas. El Poder Judicial había recomendado un refuerzo para los juzgados sociales antes del estado de alarma, aunque para agilizar los juicios que había pendientes en materia de despido cuya demora se había elevado hasta los 13 meses y medio. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial ya eran los órganos más lentos en resolver con una duración media de los procedimientos de más de 13 meses.
Reactivación judicial
Por otro lado, la Comisión de Seguimiento del TSJB para reordenar los servicios de justicia acordó ayer una serie de criterios para la reactivación de la actividad judicial. Entre ellas está la reintegración de los jueces y magistrados a sus respectivos órganos judiciales y la vuelta a las normas ordinarias de reparto de asuntos. Se aboga por una «recuperación paulatina» de los asuntos no urgentes, según se vayan reincoporando los funcionarios de las oficinas judiciales hasta su puesto de trabajo.
Este órgano también da preferencia al teletrabajo y a las actuaciones telemáticas durante el estado de alarma y tres meses más allá. También ordena la atención por teléfono y correo electrónico para que el acceso a los edificios judiciales se limite a personas y profesionales que tengan cita previa.