El magistrado del TSJB Carlos Gómez requiere al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán para que entreguen de forma voluntaria sus móviles en cinco días. El instructor de las diligencias por delitos en torno a la investigación del ‘caso Cursach' notificó ayer una decena de providencias en las que decide sobre la prueba planteada por las distintas acusaciones particulares.
El magistrado ha fijado tres jornadas maratonianas de declaraciones, con comparecencias incluso a las siete y media de la tarde para una sesión.
El 31 de marzo y el 1 y 2 de abril pasarán por el TSJB alrededor de cuarenta testigos solicitados por las acusaciones. El listado incluye a detenidos y perjudicados por posibles delitos de detención ilegal y denuncia falsa como Álvaro Gijón y su familia; la exconcejal Irene San Gil; policías locales y abogados que intervinieron en las declaraciones, en especial en torno a los casos IME y ORA.
Sobre los terminales del juez y el fiscal investigados en la trama, las acusaciones habían solicitado su intervención forzosa. En la providencia en la que responde al exjefe de la Policía Local, Antoni Vera, señala: «Con carácter previa a acordar la intervención, se requiere a los señores Penalva y Subirán, a través de su representación procesal, para que en plazo de cinco días hagan entrega voluntaria de los móviles cuyas conversaciones o chats obren en la causa, de manera que puedan identificarse plenamente los intervinientes en las mismas.»
Los mensajes de Whatsapp entre Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo fueron extraídos por la Policía Nacional del móvil de uno de los agentes que hizo entrega voluntaria de él. El problema es que no se identifica en ellas quién es Penalva y quién Subirán. Si bien la mayoría de frases se atribuyen sin mucha duda por el contexto, otras quedan en el aire. En su declaración, los investigados manejaron esa incertidumbre sobre algunas expresiones.
Más prueba
Con la prueba acordada este lunes por el magistrado son más de medio centenar los testigos que, por el momento, pasarán por el TSJB. Gómez se había pronunciado ya sobre la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que incluía hechos que no estaban contenidos en la exposición razonada que elevó la magistrada de instrucción. El ministerio público añadía a los delitos de detención ilegal, prevaricación y revelación de secretos, posibles denuncias falsas y un delito de obstrucción a la Justicia.
En caso de que Penalva y Subirán no entreguen de forma voluntaria los terminales, el magistrado podría acordar mediante un auto el acceso a los mismos. Era una diligencia que la policía pidió ya hace un año.