El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se han defendido este jueves ante un duro interrogatorio por parte de los fiscales en el Tribunal Superior de Justicia, donde han comparecido para responder por las irregularidades en la instrucción del caso Cursach.
Juez y fiscal han llegado en torno a las 9 de la mañana y las declaraciones se han prolongado casi hasta las tres de la tarde. Penalva ha sido el primero en comparecer ante el magistrado Carlos Gómez; no obstante, tanto fiscal como juez han defendido a lo largo de sus interrogatorios las decisiones que tomaron durante la instrucción del caso, así como las medidas preventivas que ordenaron. Ambos han declarado ante el TSJIB debido a su condición de aforados.
Manuel Penalva ha sido interrogado durante una hora y media, y sólo ha contestado a las preguntas planteadas por el juez y los fiscales, sin responder, por tanto, a la treintena de abogados que se han personado como acusación particular. Del mismo modo ha actuado el fiscal Miguel Ángel Subirán, cuyo interrogatorio se ha prolongado hasta las tres de la tarde.
Por otra parte, uno de los abogados, Vicente 'Coco' Campaner ha solicitado una vistilla para pedirles prisión preventiva, pero este asunto no ha sido resuelto todavía por el juez.
Delitos
La Fiscalía aprecia que tanto Penalva como Subirán podrían haber cometido delitos de prevaricación, revelación de secretos, deslealtad profesional y detención ilegal. La Fiscalía basa sus indicios, fundamentalmente, en los chats de un grupo de 'whatsapp' en el que participaban tres de los cuatro policías nacionales imputados en la pieza -antiguos integrantes de la Unidad de Blanqueo de Capitales- así como el fiscal y el juez. Estos mensajes fueron hallados en el teléfono móvil de uno de los agentes, incautado cuando fue detenido en diciembre.
En concreto, el Ministerio Fiscal considera que de estos mensajes se desprende la posible comisión de un delito de prevaricación. Apunta que el fiscal y el juez pudieron generar de manera «deliberada e injustificada», circunstancias para poder acordar una medida cautelar de prisión contra imputados en la macrocausa de corrupción policial, «y no para avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación».
El Ministerio Fiscal también aprecia indicios de una posible revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional a raíz de las informaciones periodísticas publicadas sobre la causa, que estuvo largo tiempo bajo secreto.
Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, fue apartado del 'caso Cursach' --que deriva de la pieza de corrupción policial-- en marzo de 2018 a raíz de un incidente de recusación promovido por las defensas. Actualmente, junto a Subirán, permanece de baja.