Primer asalto para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Ambos comparecerán hoy ante el magistrado del TSJB, Carlos Gómez, dos fiscales anticorrupción de Madrid y 29 acusaciones particulares para responder por las irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach' y todas sus derivadas. El Tribunal Superior admitió su competencia para el caso ante cuatro posibles delitos: prevaricación, detención ilegal, deslealtad profesional y revelación de secretos.
Fue los que incluyó la jueza que asumió el caso, Carmen Abrines, en la exposición razonada que envió al TSJB. Ese documento no supone una restricción para la instrucción y lo que hay sobre la mesa son todos los wasaps que cruzaron juez y fiscal durante cerca de dos años con los agentes del Grupo de Blanqueo y cinco informes de la Policía Judicial.
Enfrente de Penalva y Subirán estarán los abogados que representan a algunos de los principales investigados: Bartolomé Cursach, su ‘número dos' Bartolomé Sbert, el exdiputado Álvaro Gijón y sus familiares, los detenidos en el ‘caso IME' o los inspectores de la Policía Nacional acusados en falso por la madame, además de una decena de policías locales.
Si el juez y el fiscal responden a sus preguntas y no sólo a las de juez, fiscal y abogados defensores, las de esta mañana amenazan con convertirse en declaraciones maratonianas.
Desde que la investigación se dirigió hacia ellos, con la aparición de los wasaps, la actitud de Penalva y Subirán ha sido muy combativa. Ambos están de baja médica. Aún sin una imputación formal registraron varios escritos muy beligerantes en el juzgado hasta el punto de que el lenguaje de su abogado fue reprendido por la magistrada. En ellos anunciaban que tenían grabaciones de jueces y fiscales y desvelaban algunas de ellas. También rechazaban de plano cualquier acusación. Atribuyen todo el proceso a un complot en su contra por parte de la Policía Nacional con la finalidad de acabar con el ‘caso Cursach'.
No obstante, las acusaciones más graves contra ellos están en otras de las causas paralelas como el ‘caso IME'. El mensaje enviado por Penalva en el que planteaba la necesidad de retrasar dos testificales para poder justificar el ingreso en prisión de tres detenidos. Ambos dicen que en realidad esos ingresos estuvieron justificados.
La otra pata de las acusaciones es la que inició el caso, las filtraciones de datos de la investigación. Penalva y Subirán niegan que facilitaran información a un periodista. La exposición de motivos rechazaba delitos de organización criminal y de coacciones a testigos del caso. Sin embargo, el último informe de la Policía Judicial profundizaba en ese segundo delito con varias declaraciones y las acusaciones particulares insistirán en esta vía.
El TSJB reforzará su seguridad para hoy ante la posibilidad de que se concentren algunos de los involucrados en las investigaciones ante la puerta.
Suspendido un juicio por injurias contra el juez y el fiscal
El Juzgado de lo Penal 6 de Palma ha suspendido la celebración de un juicio contra el abogado Vicente Campaner por supuestas injurias a Penalva y Subirán por llamarles delincuentes.
La magistrada entiende que esa causa tiene que esperar a que se resuelva la investigación en el TSJB sobre ambos. Penalva y Subirán reclaman 400.000 euros cada uno y hacen responsables civiles a Ultima Hora y Canal 4.