Un exvigilante de Es Pinaret ha sido denunciado ante la Policía Nacional por la difusión en un grupo de Whatsapp de un vídeo de zoofilia. En las imágenes puede apreciarse a un perro manteniendo sexo con una chica, supuestamente menor de edad, en una habitación.
El pasado jueves, una de las fundadoras de la Agrupación Ciudadana contra la Explotación Sexual Infantil (ACCESI), se personó en dependencias policiales y denunció los hechos. Resulta que, el día anterior, la portavoz de la recién creada asociación, se personó en compañía de un fiscal de menores en la Delegación de Gobierno de Balears para solicitar el permiso para celebrar una concentración estática frente al IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials) el próximo 27 de enero, a las 19 horas. Todo ello para protestar contra la «negligencia administrativa de los centros ante la explotación sexual de menores tutelados.
Unas horas más tarde, la promotora de la concentración decidió crear un grupo de WhatsApp privado con todos los vigilantes de seguridad que trabajaban en centros de menores, la mayoría de ellos en Es Pinaret, para informarles sobre la manifestación y pedirles que acudieran a la misma. Varios de los integrantes, sin mediar palabra, decidieron abandonar el grupo, entre ellos el ahora denunciando. Pero antes de marcharse, envió un vídeo de alto contenido sexual. Al visualizarlo la administradora del grupo pudo observar «lo que parece ser una menor, siendo grabada por una tercera persona mientras copulaba con un perro».
Acto seguido, la mujer envió un audio privado al vigilante que había difundido las imágenes recriminándole dicha acción. Acontinuación, él mismo bloqueó a la administradora y, unos minutos más tarde, un amigo del acusado amenazó a la denunciante diciéndole: «Ten cuidado. Tu sabrás lo que haces». El propio fiscal de menores recomendó a la mujer que interpusiera la denuncia y dejara constancia de los hechos y presentara el vídeo a los investigadores.
Ahora corresponde a los agentes de la UFAM analizar el contenido de la grabación. Los profesionales policiales tratarán de identificar a la supuesta víctima, comprobar su edad, lugar donde se realizó la captación de imágenes (habitación de una vivienda) y localizar al autor o autores de la grabación.
Los policías, una vez que ya disponen del teléfono móvil del acusado, analizarán el terminal y comprobarán si se grabó con ese teléfono o si por el contrario solo le imputarán la difusión.