Tercer intento para que el TSJB asuma la investigación contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por las supuestas irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach'. La juez Carmen Abrines ha elevado una exposición motivada a la Sala de lo Civil y lo Penal ante la existencia de indicios «fundados» de la comisión de cuatro delitos por parte del magistrado y el fiscal: revelación de secretos, deslealtad profesional, prevaricación y detención ilegal.
El escrito se basa en gran medida en el contenido del grupo de WhatsApp en el que participaban los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, Penalva y Subirán. A través de ellos, la magistrada entiende que los investigados facilitaron datos de la instrucción a determinados medios de comunicación cuando ésta estaba bajo secreto. También suma los mensajes que acreditarían que se retrasó la declaración de varios testigos para poder justificar el ingreso en prisión de tres de los detenidos por el ‘caso IME'.
Por el momento, la magistrada entiende que no concurren otros delitos puestos de manifiesto en los informes de la Policía Nacional, en concreto los de grupo criminal y de coacciones a testigos. Sin embargo, sí que considera que la instrucción de esta causa no puede avanzar sin que se dirija contra el juez y el fiscal, que están aforados y, por lo tanto, sólo pueden ser investigados por el Tribunal Superior.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la decena de acusaciones particulares que hay personadas se habían pronunciado a favor de que se diera este paso, algo que Penalva y Subirán rechazaban. El anterior instructor de esta causa, el juez Miquel Florit, envió en dos ocasiones esta causa al TSJB. En ambos casos le fue devuelta porque se entendió que faltaban diligencias por llevar a cabo o que no se habían cumplido una serie de plazos. El documento ya ha llegado a la Sala de lo Civil y lo Penal que tendrá que decidir en los próximos días si asume o no la instrucción.