Ha transcurrido una semana desde que se supo que el ‘caso ORA' va a ser archivado porque no hay indicios ni pruebas de la comisión de ningún delito, por más que hubo detenidos e incluso un empresario fue enviado a prisión preventiva para ablandarle y lograr que incriminase al entonces diputado autonómico y concejal de Palma, Álvaro Gijón.
Una semana, con la Navidad por medio, que quieras que no siempre suele servir para que afloren -aunque sea artificialmente- los mejores deseos. Pues bien, ni por esas. Seguimos echando de menos una disculpa, por breve que fuera, de todos aquellos que exigieron al cabeza de turco que dimitiese por corrupto; por amañar el concurso público de la ORA de Palma a cambio de un cuantioso soborno. Ahora sabemos, gracias a que Ultima Hora lo publica, que los agentes de la Policía Judicial que analizan las actuaciones del magistrado juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán, responsables de la investigación del ‘caso Cursach' y de sus derivadas, están convencidos de que se ordenó la detención de los padres y del hermano de expolítico del PP con el fin de presionarle y forzar su dimisión, con lo que podrían arrestarle y procesarle al perder su inmunidad parlamentaria.
Si esto se confirma, estamos ante una crueldad abismal, casi inhumana y naturalmente delictiva, que la Justicia no puede pasar por alto. Si el juez o el fiscal, o ambos de la mano, se han conducido de forma tan aberrante, el castigo debería estar a la altura del crimen perpetrado y del mal causado, no solo a quienes vejaron arbitrariamente, sino a la propia Administración de Justicia. Pronto veremos si la causa es remitida al TSJB, competente para enjuiciar a jueces y fiscales, pero por lo que vamos sabiendo, las pruebas contra los integrantes de la banda del WhatsApp, los intocables supuestamente aliados con madamas querulantes y narcos de Son Banya, son abrumadoras. Y escandalosas.
Ruboriza ahora recordar aquellos titulares falsos, utilizados para estrechar el círculo de la condena prejudicial. Y las peroratas del entonces portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, o de los restantes dirigentes de los partidos del Pacte, Més y Podem. ¡Qué vergüenza! Y siguen sin disculparse por su participación entusiasta en aquella cacería inquisitorial que ni el PP quiso soportar. Al menos ahora podrían pedirle a Gijón que vuelva, ya que le dejaron indefenso. Yo les diría que no.