No hay pruebas de que el concurso fuera manipulado ni de que el entonces concejal, Álvaro Gijón, cobrara dinero para hacer ese amaño. La Fiscalía Anticorrupción da carpetazo al ‘caso ORA', una de las principales derivadas de la investigación por corrupción policial. La pieza fue iniciada por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán hace tres años tras la declaración de un testigo protegido que dijo que había oído en la sede del PP que Gijón y José María Rodríguez cobraron dos millones y medio.
Con ese indicio se puso en marcha una investigación que desembocó en una decena de detenciones y en el ingreso en prisión del empresario Antoni Roig y de un funcionario municipal en el año 2016. Se investigó a todo el entorno de Gijón y el padre, el hermano y la madre del político fueron arrestados. El último episodio fue la imputación de una tía del político que vive en Granada por un supuesto pago. Tras todo ese trajín investigador el resultado es que: «No hay indicios bastantes del cobro de comisiones». El escrito de los fiscales Tomás Herranz y Concepción Sabadell recuerda que nunca se investigó a Rodríguez.
Sobre el trámite administrativo, el ministerio público señala que los indicios con los que Penalva intentó elevar el caso al TSJB quedaron «parcialmente desvirtuados».Detecta además errores en los informes policiales, como atribuir un beneficio industrial del 19 por ciento, cuando ahí estaban incluidos también los gastos generales, y no haber tenido en cuenta el coste real del contrato anterior de la ORA.
El informe de la Fiscalía cierra de forma irremediable el caso porque no hay ninguna otra acusación que pueda mantener la acción penal.
La instrucción quedó desacreditada por los wasaps
Álvaro Gijón era la pieza a cazar en el ‘caso ORA'. Las investigaciones posteriores han hecho aflorar el contenido de wasaps como «¿llora?» sobre la detención de la madre del político.
También las fichas de los primeros arrestos en los que se indicaba que el objetivo era que «vendieran» a otros detenidos.