Las detenciones de los padres y el hermano del exdiputado del PP Álvaro Gijón buscaban que el político «llegara jodido» a su propia declaración por el ‘caso ORA'. Los informes de dos inspectores de la Policía Nacional apuntan a que los tres arrestos se planearon con semanas de antelación y que se llevaron a cabo cuando aún quedaban diligencias de «máximo interés» todavía pendientes. «El motivo de algunas detenciones no eran los que contempla la ley sino que, presuntamente las utilizaron para conseguir declaraciones o ‘ablandar' a testigos», señalan.
La investigación del ‘caso ORA' tenía como prioridad la dimisión de Álvaro Gijón del Parlament para que perdiera su aforamiento y pudiera ser detenido. Para ello se buscaron «golpes de efecto» que culminaron con el arresto de sus padres y de su hermano, el 27 de junio de 2017. El motivo era una serie de movimientos financieros de la familia que, según el Grupo de Blanqueo, demostrarían que el político cobró un soborno por la adjudicación de la ORA. Esas pesquisas, a juicio de los dos inspectores que las han analizado ahora, se plasmaron en atestados «superficiales y plagados de palabrería».
Ponen como ejemplo que no fueron capaces de averiguar que el supuesto piso con el que se había quedado Gijón tenía una hipoteca hasta 2030 y que estaba alquilado. En ese contexto se produjeron las detenciones. Los WhatsApp de Penalva, Subirán y los policías muestran expresiones despectivas como si la madre del político lloraba o no. También las dudas que planteaba el operativo entre mandos policiales.
El comisario al mando de la brigada de Policía Judicial planteó que los padres debían quedar en libertad ante su avanzada edad y su estado de salud. Cuando se entera, Penalva, dice «que se atreva a llamarme». Finalmente sí fueron liberados, pero no así el hermano del político. Los mensajes son reiterados para que haga noche en el calabozo para condicionar la declaración de Álvaro Gijón.
El ‘caso ORA' está al borde del archivo después de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera un informe la semana pasada en el que constataba que no existían indicios de amaño del expediente ni del pago del cohecho. La investigación se inició después de que un antiguo militante del PP, que fue expulsado tras varios incidentes, dijera que tenía constancia de ese soborno porque lo había oído en la sede. El informe policial pone de manifiesto que nunca se le tomó declaración a la fuente de ese testigo protegido y que la investigación está plagada de errores y que «se interpreta y seleccionan datos de forma retorcida y cambiante».
La imputación de la tía de Granada
Uno de los episodios más estrambóticos del ‘caso ORA' fue la toma de declaración como imputada de una tía del político que vivía en Granada por haber supuestamente canalizado el pago del cohecho a su sobrino.
La investigación de los dos inspectores aporta indicios de que se ocultó un correo electrónico que descartaba que se hubiera producido ese movimiento y que, en realidad, se trataba de un pago entre la tía y el padre de Gijón. Ese documento fue aportado por el letrado defensor de Gijón y ahora afloran indicios de que fue visto por los agentes desde el primer momento pero que no se incluyó en el procedimiento. El cohecho nunca pudo ser acreditado ni el TSJB llegó a asumir el caso.