Los 11 acusados por explotación laboral en una treintena de bares y restaurantes del centro de Palma esquivan la cárcel, pero asumen el pago de más de tres millones de euros entre multas y responsabilidades civiles. Todos ellos aceptaron este viernes condenas por delitos contra los derechos de los trabajadores, de fraude a la Seguridad Social y de defraudación de fluido eléctrico.
Las condenas quedan lejos de la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba 30 años de cárcel para cada uno de los acusados. La razón es que, en lugar de acusar por 15 delitos diferentes, el ministerio público acepta calificar los hechos como un único delito para cada uno de los acusados.
La calificación pactada por Fiscalía, la Abogacía del Estado, la de la Seguridad Social y las defensas recoge que los acusados, con el empresario Juan Antonio Sureda al frente, emplearon 37 sociedades desde 2009 hasta su detención en 2017 para defraudar a la Seguridad Social. Las empresas firmaban contratos con sus empleados por menos horas de las que trabajaban realmente. Además, una serie de locales tenían una conexión pirata a la red eléctrica, de manera que defraudaron más de 130.000 euros en electricidad.
Cada uno de los acusados asume penas de dos años de cárcel. Sin embargo, estas quedan suspendidas por un plazo de cinco años y con el compromiso de que todos los condenados pagarán de forma mensual una cantidad y que, en 24 mensualidades liquidarán todas las responsabilidades civiles pendientes, que superan el millón de euros. En caso de impago, la Audiencia ordenará su ingreso en prisión. Los hermanos Sureda se benefician de un atenuante muy cualificado por reparación del daño después de haber compensado con medio millón a la Seguridad Social. Además, la condena implica multas al Estado que suman 2.050.000 euros.