La Fiscalía pide penas que suman treinta años de cárcel para el cabecilla de la ‘mafia laboral' que explotaba una treintena de bares y restaurantes en el centro de Palma que fueron intervenidos por la policía en el año 2015.
El ministerio público acusa al empresario de doce delitos fiscales y solicita por cada uno de ellos dos años de prisión. Además, añade otro por impagos a la Seguridad Social que supondría cuatro años y uno más por un delito contra los derechos a los trabajadores, por el que reclama una condena de dos años de cárcel. El juez que instruye la causa ya ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el cabecilla y varios responsables más de la trama empresarial.
El ministerio público considera que el principal acusado controlaba toda una serie de sociedades a través de las cuales desviaban la mayoría de sus ingresos a través de una caja ‘b'. Un informe de la Agencia Tributaria cifra en 5,2 millones de euros las cantidades defraudadas sólo en el impuesto de Sociedades entre los años 2009 y 2015.
A esta cantidad hay que sumar todas las cuotas de la seguridad social de trabajadores contratados en negro. En el momento de la intervención policial la trama controlaba 35 establecimientos, la mayoría en pleno centro de Palma.