La magistrada que instruye la causa por ilegalidades en la investigación del ‘caso Cursach' da diez días de plazo a todas las partes para que se pronuncien sobre un nuevo envío del caso al TSJB para que este tribunal pueda actuar contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. El escrito además pide a la Fiscalía y al resto de acusaciones y defensas que se pronuncien sobre si son o no necesarias una batería de pruebas solicitadas por los mismo Penalva y Subirán: la declaración como testigos de los inspectores que investigaron la revelación de secretos y que se encontraron con los wasaps que acreditarían una decena de delitos en los que, según estos agentes, habrían intervenido juez y fiscal. El abogado de Penalva y Subirán también señala que ambos están dispuestos a declarar sin esperar al TSJB.
Esa petición está acompañada de las grabaciones realizadas por Subirán de las conversaciones telefónicas que mantuvo con un subinspector del Grupo de Blanqueo y con el fiscal Eduardo Navarro. Con la primera, Subirán y Penalva intentan desacreditar cualquier declaración del primero, que se ha desmarcado del resto de investigados: «Se quiere dejar constancia por esta parte que se es conocedora de la dificilísima situación económica y personal que este agente está atravesando y que adoptará el camino o estrategia que le favorezca». Es decir, que si declara contra ellos, lo hará motivado por esos condicionantes económicos.
En el escrito se requiere que se entregue un pen drive que fue incautado al antiguo jefe del Grupo de Blanqueo, ahora investigado en la misma causa. Éste manifestó en su declaración del pasado día 12 en el juzgado como investigado que allí hay una grabación en la que supuestamente el inspector jefe ya jubilado, Antoni Suárez, le trasmitiría la orden del jefe superior de policía de no investigar a Cursach. Penalva y Subirán también cuestionan si alguna resolución judicial habilitaba a entrar a los wasaps que les delatan.