Varapalo durísimo al Grupo de Blanqueo que investigó durante meses a las empresas de Bartolomé Cursach. El juzgado ha decidido cerrar la causa por un presunto delito fiscal, contra los trabajadores o la Seguridad Social en el llamado ‘caso Cursach'. El juez al que le correspondió esta pieza separada, Antonio Garcías, ha dictado el sobreseimiento provisional después de que tanto la Agencia Tributaria como la Inspección Provincial de Trabajo concluyeran que el informe que elaboró el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional carecía de entidad. Y que, por tanto, no podía demostrar lo que sostenía los policías en su polémico estudio: que Cursach defraudó 51 millones de euros.
El entramado empresarial del magnate estuvo en el punto de mira policial y los agentes especiales de Blanqueo trataron de demostrar un fraude masivo y millonario del empresario mallorquín. Con la actual decisión judicial, se da carpetazo a esta línea de investigación que fue considera «clave» en la estrategia judicial y policial contra Cursach.
Además, esta decisión se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción informara de forma favorable al archivo y cierra una de las piezas más polémicas de la macro causa.
El Grupo de Blanqueo solicitó en ese informe del año 2018 la detención de toda la cúpula de la empresa y una gran operación policial. En concreto, los funcionarios exigieron el arresto, de nuevo, de Bartolomé Cursach y su número 2, Tolo Sbert, así como de otros directivos, entre ellos el actual director general Miguel Pérez Marsá. 18 detenciones en total. Se pretendía dar un «golpe mediático» y que la prensa fuera testigo del gran operativo, según ha reconocido algún mando de ese grupo policial ahora desmantelado.
El entonces instructor de la causa, Miquel Florit, no había revisado el documento, que ya circulaba por la oficina judicial. Eran 500 folios plagados de impreciones y presunciones, con errores elementales. De forma inesperada fue filtrado a una agencia de noticias para que tuviera una difusión a nivel nacional. La sucia maniobra indignó a Florit y a la cúpula policial que se desmarcaba del polémico Grupo de Blanqueo y al que señalaban como autores de la desleal filtración. Y desencadenó la investigación por revelación de secretos que hizo aflorar los wasaps entre los agentes, el juez Penalva y el fiscal Subirán y, a la vez, la imputación de Florit en el ‘caso Móviles'.
De izquierda a derecha, Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán, Miquel Florit y Bartolomé Cursach.
Presunciones
Tras el informe de los inspectores de Hacienda ya se había archivado el supuesto delito fiscal que apuntaban los policías. Quedaban por responder una serie de dudas sobre los trabajadores de los locales de ocio. Los inspectores de Trabajo concluyen que el Grupo de Blanqueo se limitó a «efectuar presunciones, pero no se aportan constataciones que permitan efectuar, con un mínimo rigor legal, los cálculos oportunos». Así, señala que la documentación es insuficiente, que no se identifican a los trabajadores que se presumen irregulares, que no se ubicaba en el tiempo los documentos intervenidos y que los policías confundían conceptos como bases de cotización y cuotas.
La Agencia Tributaria ya apuntaba a confusiones similares y graves errores en el trabajo policial como no tener en cuenta el IVA. La decisión de finiquitar judicialmente la vía fiscal contra Cursach supone ahora un duro revés a una investigación que en muchos aspectos hace aguas desde hace tiempo y deja en muy mal lugar a un grupo policial como Blanqueo que supuestamente era la élite de la Jefatura. Y que se permitía entregar informes con errores de bulto.