El juicio a R.G., la mujer acusada por el homicidio de Paula Fornés, la joven de 15 años que murió tras ser atropellada en Sa Ràpita en junio de 2018 se celebrará a partir del 12 de noviembre.
Así lo ha dictaminado el juzgado de lo penal 3 de Palma, que este viernes ha celebrado una vista en la que cada una de las partes han presentado las distintas cuestiones previas que ha considerado.
Familiares de Paula Fornés han esperado la salida de la acusada para expresar su indignación.
La fiscalía reclama para la mujer polaca cinco años de prisión y una multa de hasta 3.600 euros por los delitos de homicidio, lesiones imprudentes, falsedad en documentos públicos y conducción sin licencia, si bien la acusación particular también la culpa de omitir el deber de socorro y de conducir de manera temeraria, por lo que pide una condena de 11 años de cárcel.
Por su parte, la defensa de la mujer polaca y del propietario del vehículo, que es su marido, ha solicitado la libre absolución de la acusada alegando que durante la prueba de alcoholemia se vulneraron sus derechos fundamentales porque el instrumento que se utilizó para hacerle el test no estaba homologado.
El letrado defensor de la acusada polaca ha argumentado que no se le informó en su idioma de que podía someterse a una prueba de contraste tras dar positivo en la primera prueba de alcoholemia, por lo que asegura que durante el proceso no hubo garantías para la mujer.
La defensa ha destacado que la acusada sigue un tratamiento de desintoxicación tras el atropello de la joven, tal como muestra el informe elaborado por un médico, una psicóloga y una trabajadora social.
Ante esta cuestión, la acusación particular ha defendido durante la vista que la mujer polaca vives desde hace diez años en España y que en 2015, cuando fue acusada por conducir bajo los efectos del alcohol, «fue informada sobre sus derechos en español y lo entendió».
«Solo entiende el español para lo que le interesa, porque ahora sí hay una persona muerta y en 2015 no», ha comentado el letrado defensor de los intereses de la familia.
La defensa ha informado sobre la consignación a cautela de 20.000 euros «para el hipotético caso de que finalmente la mujer no sea condenada».