El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra David Serrano, el dueño de la finca donde está el pozo en el que murió Julen, el niño de dos años que cayó en enero de este año en dicha perforación. Además, se le impone el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.300 euros.
Así consta en un auto que señala la apertura de juicio oral por un delito de homicidio por imprudencia grave y se acuerda que el enjuiciamiento se celebre en un juzgado de lo Penal, manteniendo la misma situación de libertad del acusado.
En cuanto a la fianza solicitada, en el auto, adelantado por el Diario 'SUR', se indica que en caso de no pagarlas se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada, que se establece teniendo en cuenta el escrito presentado por la Junta de Andalucía, personada en la causa como perjudicada, en el que fija en 663.982 euros los daños y perjuicios causados.
En dicho documento, la Administración andaluza llega a ese presupuesto final de los trabajos de emergencia que se desarrollaron en la zona a causa del rescate, tras la ejecución de las obras en su totalidad y una vez se ha tenido el desglose de las empresas intervinientes y la valoración de estas actuaciones.
La Fiscalía, la acusación particular, en representación de los padres del niño, y la Junta de Andalucía solicitaron la apertura de juicio oral contra Serrano por un delito de homicidio por imprudencia grave. Inicialmente, el ministerio público solicita tres años de prisión, mientras que la representación de los progenitores piden tres años y medio de cárcel.
Tras haberse presentado los escritos de acusación, la jueza considera que debe acordarse la apertura de juicio oral al concurrir «indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave».
La jueza ya consideró que Serrano «era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad» y que el dueño de la finca «no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo realizado» y no ha quedado acreditado que alertara de la existencia del mismo «cuya visualización, además, era difícil».
La Fiscalía, en su escrito de acusación provisional, incidía en este mismo sentido de que el procesado «no había señalizado ni advertido» de la presencia de la prospección e insistía en que «era el único conocedor» de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que «los demás desconocían» la presencia del mismo ya que «apenas se veía».
La acusación particular también achacó al acusado una «negligencia» que es «extremadamente grave» y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto «la gravedad de la acción del acusado» como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen «multitud de infracciones normativas».
Ahora, los abogados que defienden al acusado deberán presentar un escrito en el que exprese su conformidad o disconformidad con las acusaciones. Desde la defensa han indicado que estudian formalizar una solicitud de concurso de acreedores para «acreditar que si no paga es porque no puede, y no porque no quiere».