Una mujer, víctima de malos tratos, ha presentado una demanda contra la Conselleria d'Educació, que le ordena desalojar la vivienda que ocupa en un centro escolar.
La demanda, está pendiente de resolución en un juzgado y relata que la mujer se trasladó a la Isla en un programa de protección para víctimas de violencia de género después de ser considerado su caso como una situación de alto riesgo.
Eso ocurrió en el año 2006. Entonces, en virtud de un acuerdo del Comité de Centro de Personal laboral de la Conselleria y de la secretaria general técnica del organismo se le adjudicó la vivienda ante la situación económica precaria en la que se encontraba. Sin embargo, ahora la Administración le ordena abandonar esa vivienda.
La mujer tiene a su favor una orden de alejamiento respecto a su expareja hasta el año 2025. Así, la demandante solicita que se deniegue el desalojo porque mantiene que no hay un cambio en su situación.