Pasaban unos minutos de las seis de la tarde del pasado viernes 16 de agosto cuando, visiblemente alterado, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán accedió a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Jefatura de la Policía Nacional. Instantes después protagonizaría una escandalera, con gritos y aspavientos.
Ciudadanos que se encontraban en las dependencias han explicado que el fiscal ya entró aparentemente nervioso en el edificio de la Jefatura. Comenzó a gritar y exigió que quería ser atendido con celeridad. Pero, y en ese instante, todos los funcionarios estaban ocupados y en la antesala había un gran número de personas aguardando turno.
Lejos de deponer su actitud, Subirán hizo saber a todos los presentes, funcionarios policiales incluidos, que él era «fiscal anticorrupción» y que, sin pedir ningún trato especial, quería ser atendido a la mayor brevedad posible. De hecho, solicitó el libro de quejas para firmar una reclamación. Del mismo modo, incitó a todas las personas que estaban esperando su turno a que interpusieran una queja colectiva, tratando de generar un pequeño motín en las dependencias policiales.
Ante estos hechos, salió a mediar en el conflicto un jefe del CNP, quien trató, con escaso éxito, de tranquilizar a Miguel Ángel Subirán.
Los ciudadanos que aguardaban su turno y presenciaron el extraño incidente entre funcionarios públicos no presentaron ninguna queja ante la Policía Nacional. Pero la situación fue tan incómoda que algunos se marcharon sin esperar a ser atendidos. Los testigos desconocen si durante la toma de declaración al fiscal se produjo algún incidente más. La oficina de denuncias cuenta con cámaras de seguridad donde quedó registrado el alboroto.
Ultima Hora se puso este viernes en contacto con la Jefatura de Policía Nacional. Fuentes oficiales no quisieron comentar el incidente y se limitaron a informar de que se ha realizado un informe interno de lo ocurrido, y que se ha dado cuenta a la autoridad judicial.
Subirán se encuentra de baja laboral desde hace varios meses. Esta situación coincidió con la revelación de unas conversaciones de Whatsapp sobre la instrucción del ‘caso Cursach', que él investigaba.
En estos chats, en los que también participaban el juez Manuel Penalva y policías del antiguo grupo de Blanqueo, se aprecian, entre otros, indicios de los presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal. La Policía Nacional los investiga.
Al igual que Subirán, Penalva se encuentra en situación de baja laboral.
Armado
El juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán van armados pese a estar de baja laboral y ser apartados del ‘caso Cursach'. Recibieron autorización para armas de fuego en 2016 cuando denunciaron coacciones del entorno del empresario de la noche. Policías locales imputados en la causa recuerdan que a ellos sí se les obligó a entregar su arma y denuncian «agravio y vulneración de la ley».