El suicidio de una trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran vídeos sexuales protagonizados por ella lleva a preguntarse a los expertos si la gente es consciente de que apretando una tecla puede «arruinar la vida a alguien», además de a cometer un delito.
Es la reflexión que hace a EFE el abogado y experto en derecho digital Borja Adsuara, que cree que un caso como el suicidio de Verónica, madre de dos hijos, no debe «salir gratis» y que la sociedad y la acción de la justicia deben demostrar que cometer un hecho similar tiene que tener consecuencias.
Adsuara afirma que se siente en parte «responsable» de que sucedan hechos como este e insta a evitar todo el «morbo» del caso y sí «aprovechar» el momento para «hacer pedagogía» y que no vuelva a ocurrir algo similar.
¿Qué hacer?
Por ello, explica que en cuanto recibamos un vídeo que va en contra de la dignidad y el honor de una persona intentemos pararlo.
«Lo primero, hablar seriamente con la persona que lo envía, preguntarle a cuánta gente lo ha mandado e instar a borrarlo advirtiéndole de las graves consecuencias que va a tener para él todo ello».
«Tiene que ser consciente que se puede arruinar su vida» a pesar de que lo que intente sea solo reírse de una persona.
Adsuara reconoce que ver un vídeo «no es delito», pero reenviarlo sí, y más si se acompaña de «comentarios vejatorios». «Puede ser muy incómodo que te hayan visto desnudo o en una actividad sexual pero peor es el acoso de los comentarios, risas, humillaciones», como parece que ha sido este caso, señala.
Por tanto, insiste el experto, «no hay que agravar el problema» e intentar parar el reenvío cuanto antes.
También se puede intentar hablar con las otras personas que lo han recibido para que no lo reenvíen a su vez, aunque si es un envío masivo puede ser «imposible».
Aduce que no hay el mismo nivel de responsabilidad entre el primero que lo envía y los sucesivos que lo reenvían, ya que «la intención» es un elemento de tipo penal. En este caso el primero lo hizo para arruinarle la vida a Verónica y los siguientes solo «por morbo y cotilleo».
No obstante, en este tipo de casos el autor utiliza a sus compañeros y crea una situación de acoso.
Avisar a la víctima de la existencia de esos vídeos entre personas también es otro consejo de este experto en derecho digital que asegura que otro paso fundamental es ir a la Policía; «tienes la obligación de poner en conocimiento de la Policía los delitos y esto lo es, si no eres encubridor».
En el caso de las empresas, Adsuara opina -este caso «no se lo va a quitar Iveco en años"- que cada una tiene su propio régimen disciplinario y que, aunque no se especifique qué hacer por el envío de vídeos, se trata de una «infracción muy grave» contra el buen ambiente, la seguridad y la salud de la plantilla.
Por otra parte, aclara que aunque una persona te haga una foto y sea la dueña de la cámara o del móvil e incluso tenga la propiedad intelectual de la imagen «no puede hacer lo que quiera con la foto» ya que existe el derecho de imagen por el que debes contar con su consentimiento.
Recuerda el caso de chicas anónimas que han sido fotografiadas en top-less en la playa y lo han denunciado. Una excepción son los personajes famosos, que si están en un sitio público se les puede grabar, asevera.
A la pregunta de si se deben actualizar los protocolos y delitos por los adelantos tecnológicos, Adsuara dice que «hay que hablar de los viejos derechos pero aplicados al entorno digital».
En el caso producido en Iveco «en el fondo es un delito contra la dignidad y el honor y eso existe desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948», recalca.
Por último, reconoce que es «muy complicado» obligar a alguien a borrar un vídeo como antiguamente podía suceder con exigir romper unas cartas.
«Pero lo que no puedes es hacer lo que te dé la gana con ese material», concluye.