El segundo informe de la Policía Nacional sobre los mensajes del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán revela que se aplazaron declaraciones de testigos para poder justificar tres medidas de prisión preventiva en el ‘caso IME'. La causa estalló a principios del año 2017 y se investigaba si un empleado municipal hizo adjudicaciones irregulares en el instituto municipal de deportes al empresario Antoni Roig, que ya había sido arrestado unas semanas antes el ‘caso ORA'.
Los mensajes que intercambiaron por Whastapp los agentes del Grupo de Blanqueo, Penalva y Subirán revelan que se aplazaron dos testificales para poder justificar la prisión preventiva en la que se mantuvo una semana a tres detenidos.
La idea surgió del magistrado. Las testificales se iban a hacer el 25 de enero de 2017 y las dos personas habían sido ya citadas por la policía. El 26 estaban previstas las detenciones. Penalva señala: «Se me ocurre que si queremos acordar una prisión quizás es un error hacer los testigos mañana. Deberíamos dejarlos para otro día y llamar también a algún que otro capataz más. Por otro lado podemos justificar en que necesitamos las facturas porque creo que no las tenemos.» Uno de los agentes le sigue la idea y se dirige al fiscal: «¿No crees que es mejor cancelar las declaraciones para tener cosas pendientes por si decidís enrejar a alguno?» Al final éste acepta.
El mismo policía plantea que se vayan todos a la cárcel. Sólo ve una posible excepción respecto a uno de ellos: «Solo puede salvarse si mete mierda» a otro de los detenidos. «Mano dura», le responden.
La prisión preventiva a los detenidos se justificó porque había diligencias pendientes por practicar. Entre ellas, la solicitud de documentos. «No hay excesiva prisa» por conseguirlos, se dice en el grupo. Las detenciones en el IME se produjeron unas semanas después de que el empresario Antoni Roig saliera de la cárcel por el ‘caso ORA'.
Los policías que investigan a Penalva y Subirán plantean que se trata de tres detenciones ilegales. Muestran su sorpresa porque se justificara también para impedir la destrucción de pruebas y que se registrara la empresa de Roig cuando ya estaba en libertad.
Caso parado
El juez Manuel Penalva dio por concluida la investigación del ‘caso IME' hace más de año y medio y dio traslado a la Fiscalía para que acusara. Apreció posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad, tráfico de influencia, estafa y prevaricación de los que acusaba a cuatro personas y estimaba un posible fraude de un millón de euros. Sin embargo, desde que se tomó esa decisión en junio de 2017, el asunto está parado.
La Fiscalía Anticorrupción no ha presentado su calificación provisional y, por lo tanto, no ha avanzado a juicio. Los mensajes revelan que este caso se presentaba como una investigación sencilla para Penalva y Subirán con la que pretendían llevar rápido un asunto a juicio y conseguir con él condenas. El objetivo era el mismo empresario investigado en el ‘caso ORA'. Esta otra causa, también derivada del caso de corrupción en la Policía Local, lleva también alrededor de un año paralizada sin nuevas diligencias.