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Caso Cursach

Los móviles incautados a dos policías apuntalan los delitos

Agentes de Blanqueo, junto al abogado de Álvaro Gijón durante un registro en el ‘caso ORA’. | Alejandro Sepúlveda

| Palma |

La detención del antiguo jefe del Grupo de Blanqueo y de uno de los agentes ha extendido al resto de la unidad las sospechas por revelación de secretos y otros delitos. Ambos fueron arrestados el pasado mes de diciembre en una causa que el juez Miquel Florit abrió en marzo a raíz de la filtración de un informe concreto sobre las finanzas del ‘Grupo Cursach'. Las investigaciones se centraron desde el inicio en el Grupo de Blanqueo por la publicación en un diario de una fotografía que ellos mismos habían tomado y difundido a través de Whatsapp. Esas pesquisas desembocaron en la incautación de los móviles de dos periodistas y, a su vez, en la citación para el próximo lunes como investigado ante el TSJB del magistrado instructor, Miquel Florit tras una querella de Europa Press y Diario de Mallorca.

Agentes de Asuntos Internos intervinieron a su vez los teléfonos de los dos policías de blanqueo. Durante estos últimos meses se ha peinado su contenido. De hecho, los móviles fueron remitidos a Madrid para su análisis y para reconstruir algunos mensajes que habían sido borrados. Las investigaciones se han centrado en los grupos privados de Whatsapp en los que estaban los policías de Blanqueo pero también el fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva, quien estuvo al frente del ‘caso Cursach' desde junio de 2015 hasta su recusación en marzo de 2018. Esos mensajes son los que incriminan al resto de investigadores y a los agentes detenidos este martes. Los grupos denominados ‘Sancus' y ‘Blanqueo Rules' reflejan comentarios entre todos ellos sobre las investigaciones del ‘caso Cursach', el ‘caso ORA' y el proceso seguido en torno al Instituto Muncipal d'Esports.

Tanto Penalva como Subirán se encuentran ahora mismo de baja laboral. Los dos están aforados ante el TSJB y sólo podrían ser citados a declarar por esta instancia judicial, ya sea por una petición directa de la Policía o bien por la exposición razonada de un juzgado de instrucción que aprecie indicios de criminalidad sobre ambos.

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