La negativa policial y judicial a detener una segunda vez a Bartolomé Cursach y a otras 16 personas vinculadas con el grupo aparece como el móvil de la filtración de un informe del Grupo de Blanqueo. La investigación de esta revelación de secretos llevó al arresto del inspector de esta unidad y de otro policía y a la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas el pasado mes de diciembre.
Un subinspector y un agente del Grupo de Blanqueo contaron a los encargados de investigar la revelación de secretos las tensiones que se vivieron en la Jefatura de la Policía Nacional en torno al informe que se divulgó. Según consta en sendas declaraciones voluntarias como testigos, el inspector jefe del Grupo quería culminar la redacción del documento con la detención de 17 personas. Esa opción fue descartada de plano por la cúpula policial de Palma y más tarde por el propio juez instructor. Más tarde, la Agencia Tributaria rebatió las conclusiones policiales sobre un delito fiscal y lo descartó por completo.
Según se desprende de las declaraciones, el informe surge de una iniciativa del propio inspector jefe. Las conclusiones a las que llegó fueron puestas en duda por algunos de sus compañeros que ya consideraron excesivo llevar a cabo una operación con 17 detenciones simultáneas sin haber contado con el asesoramiento de ningún técnico de Hacienda.
También discrepaban porque tanto Cursach como el resto de personas que se pretendía arrestar ya habían sido detenidas e interrogadas durante la ‘operación Sancus'.
La negativa a las detenciones llevó a que el informe entrara en julio al juzgado. La entrega fue fotografiada y una imagen circuló por un grupo de WhatsApp de los agentes de Blanqueo. Esa misma foto fue empleada para ilustrar una información sobre este informe. Ese dato centró desde el principio las pesquisas en los policías. Los investigadores también detectaron llamadas telefónicas entre un periodista y el juez Penalva y el fiscal Subirán.