El Juzgado Penal número 1 de Palma ha condenado al abogado Vicente 'Coco' Campaner a pagar una multa de más de 2.100 euros por quebrantar una medida cautelar que tenía impuesta respecto a un testigo protegido del 'caso Cursach'. También le impone el pago de las costas.
El juicio tuvo lugar este martes y la Fiscalía pedía para el letrado una multa de 5.400 euros. En declaraciones a Europa Press, Campaner ha avanzado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial.
Según recoge la sentencia, Campaner tenía impuesta desde abril de 2018 una medida cautelar de alejamiento del testigo protegido, que también le prohibía comunicarse con él y publicar en redes sociales o medios de comunicación datos personales del mismo o que pudieran facilitar su identificación.
La juez considera probado que en mayo Campaner publicó en Facebook un mensaje, en el que denunciaba presunta «corrupción judicial», con un vídeo de la declaración del testigo protegido en la macrocausa de corrupción de la Policía Local.
El abogado no negó haber publicado este vídeo pero sostuvo que había pixelado el rostro y distorsionado la voz del testigo, extremo que éste contradijo. En este punto, la juez considera que en los pantallazos aportados no existe «ningún atisbo de manipulación o alteración» y señala que en fase de instrucción Campaner reconoció ser el autor de las publicaciones en la red social sin hacer «referencia alguna a eventuales discordancias con lo realmente publicado».
Asimismo, la juez considera que el comportamiento del abogado cumple con los elementos subjetivos del delito de quebrantamiento de condena, es decir, actuar «en el ánimo de hacer ineficaz la medida, con el pleno conocimiento de ésta y de que por tanto se estaba burlando la decisión judicial, por el simple hecho de conocer la prohibición y no obstante incumplirla voluntariamente».
En este sentido, la juez apunta que en este tipo de delito el bien tutelado no es tanto la integridad de la víctima sino la propia Administración de Justicia, por lo que «resulta suficiente la comprobación de que la prohibición fue ignorada y contravenida».
El testigo protegido, el número 29 de la macrocausa de corrupción policial, es un extrabajador de Tito's que denunció el presunto tráfico de drogas y las fiestas para policías de la trama en la discoteca del Grupo Cursach.
Campaner no es actualmente abogado del empresario Bartolomé Cursach, pero le prestó asistencia jurídica durante un tiempo en relación a un asunto penitenciario. En noviembre de 2017 convocó una manifestación frente al Juzgado para protestar contra el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y el juez que entonces instruía el caso, Manuel Penalva.