La Audiencia Provincial ha autorizado excarcelar a un recluso para que acuda al dentista después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria le denegara el permiso extraordinario. El interno, que sufría una infección dentaria que se podía extender, comenzó el tratamiento dental en una clínica privada de Madrid el 20 de noviembre del año 2017.
El preso, que se encuentra en segundo grado penitenciario, fue trasladado a la prisión de Palma y el pasado junio precisaba de forma urgente un implante dental. Desde la cárcel le denegaron la salida alegando que debe acudir a su médico privado «durante el disfrute de permisos ordinarios». El odontólogo que presta servicio en el centro penitenciario no cubre dicho tratamiento.
El abogado del reo, Toni Tugores Ramis, recurrió la decisión y un tribunal de la Sección Primera estimó el recurso a principios de noviembre. Los jueces entienden que se trata de una intervención de carácter urgente y se remiten al informe elaborado por el odontólogo de la prisión. «Es requisito imprescindible la continuación del tratamiento con colocación de prótesis que requiere de varios pasos que han de realizarse fuera del centro penitenciario».
La Sala no comprende las razones de la denegación del permiso. «La cuestión no es ya si procede estimar el recurso, sino llegar a identificar si existe motivación oculta o lisa actuación arbitraria y vulneradora del deber de la Administración Penitenciaria de velar por la salud de los internos».