El Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM) ha sacrificado a los perros que mataron a sus dos dueñas en Colmenar de Oreja y al resto de canes que vivían en el chalé -un total de seis-, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.
Los análisis preliminares han concluido que los dos perros 'asesinos', de la raza Dogo de Burdeos estaban cruzados con American Staffodshire Terrier, de la que proceden los otros cuatro. La primera raza no está en la lista de peligrosos en la Comunidad de Madrid (aunque sí en otras regiones españoles y otros países) mientras que los American Staffodshire sí están en dicho catálogo.
El sacrificio se produce después del informe realizado por los veterinarios del centro, que ha determinado la elevado agresividad de los perros, la dificultad de su manejo, la falta de documentación y la carencia de vacunas contra la rabia, lo que podría poner en peligro la seguridad de los empleados y del resto de los animales allí albergados.
De hecho, desde que fueron recogidos del chalé el miércoles, día del suceso, los perros han estado en cuarentena. Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tomaron muestras a las dos fallecidas para determinar qué perros les habían atacado y si tenían alguna enfermedad.
Por su parte, los veterinarios del CIAMM han practicado unos análisis clínicos y se estudio su comportamiento y características físicas, el grado de agresividad mostrado y sus posibilidades de recuperación y sociabilización. Las conclusiones, a las que ha tenido acceso ABC, dibujan un perfil común a todos los canes: su destacada morfología, potentes y de carácter agresivo, con posibilidad de ataque a personas y animales.
Por todo ello y de acuerdo con la Ley de Protección de Animales de Compañía, el Gobierno regional ha dictaminado su sacrificio «por el grave e inminente riesgo para la seguridad de las personas y otras animales que demostraba su agresividad manifiesta, así como por razones de bienestar animal», según las mismas fuentes regionales.
Ahora, la Guardia Civil continúa la investigación de los hechos. Los agentes están recopilando información ante la falta de vacunas y licencias, que podrían conllevar desde elevadas multas hasta acusaciones de negligencia graves por tenencia de animales al marido de una de las fallecidas, dueño del chalé donde vivían los canes.