La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 73 controladores acusados del caos aéreo del puente de diciembre de 2010 a multas que oscilan entre los 15.000 y los 31.500 euros después de que todos ellos se hayan declarado culpables del delito de abandono del servicio.
La sentencia es la consecuencia de un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas de los procesados, que a lo largo de la semana han declarado en el juicio celebrado en la Audiencia para asumir esa culpabilidad.
Gracias a ello, las acusaciones han retirado los cargos contra siete de los ochenta acusados inicialmente. Otros 68 pagarán multas de 15.000 euros cada uno y 5 más pagarán 31.500 euros y tendrán además una suspensión de empleo de 5 meses.
Además, tendrán que indemnizar en distintas cantidades a casi 300 afectados, a quienes pagarán el daño económico sufrido y otros mil euros por daño moral.
Para ello, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha consignado 15 millones de euros para indemnizar a los damnificados por el cierre del espacio aéreo del puente de la Constitución de 2010.
La clave del acuerdo fue la retirada de la acusación sobre los siete controladores cuyas defensas argumentaban que o bien estuvieron trabajando durante el conflicto o estaban dispensados de hacerlo por causas justificadas.
Ahora, la resolución del proceso de Palma puede servir de ejemplo para el que hay abierto en Madrid, donde la Fiscalía tiene con 133 acusados un acuerdo en los mismos términos: 1.000 euros de compensación por afectado más cantidades variables por posibles perjuicios.
Unos 600.000 viajeros se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, una situación de la que el Gobierno culpó a los controladores que se declararon masivamente de baja, mientras que los profesionales de las torres responsabilizaron a Aena por mala gestión y abuso laboral.