El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha acordado que Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, el hijo de 8 años de su expareja, sea juzgada por un jurado popular por delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
Fuentes jurídicas han informado de que el juez notificó este martes un auto a las partes personadas en la causa el auto por el que transforma las diligencias previas en procedimiento por tribunal de jurado y cita a una comparecencia el próximo lunes 17 a Quezada para comunicarle los delitos por los que será juzgada.
Las fuentes consultadas han insistido en que se trata de un trámite «normal» y que la presunta asesina ha sido emplazada a comparecer ante el juez sobre las diez de la mañana, siendo ésta la cuarta vez que Soriano cita a Quezada, ya que ha declarado ante él hasta en tres ocasiones.
Según el sumario de la causa, la procesada declaró a la Guardia Civil que el pasado 27 de febrero se encontraba con Gabriel en la casa de la abuela de éste en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería), y que después de comer, sobre las 15:35 horas el pequeño dijo que iba a salir para jugar con unos amigos.
Quezada se fue en coche a pintar un cortijo del progenitor del niño que al tomar el camino de acceso a la vivienda de la abuela de Gabriel se encontró con éste «jugando con un palito al lado derecho» y que al preguntarle qué hacía allí el pequeño le respondió que era «muy pronto para ir donde Rosita y que estaba haciendo un poco de tiempo».
Mantuvo que entonces le dijo que subiese al vehículo y que la acompañase a Rodalquilar, ya que después lo acercaría nuevamente a Las Hortichuelas Bajas para que pudiera jugar con los niños.
Apostilló que llegaron hasta el cortijo de Rodalquilar, estacionando junto a una «balsita», que Gabriel bajó del automóvil y comenzó a jugar fuera de la casa mientras ella desconectaba la alarma y abría las ventanas para ventilar porque «olía a pintura».
Declaró que entonces vio al niño coger un hacha en el jardín y que le dijo que la dejase porque podía hacerse daño, que entonces éste entró a la casa y le espetó que se callara, que «siempre tenía que decirle lo que tenía que hacer», que la insultó diciéndole que era una «negra fea» y que se «fuera a Santo Domingo».
Añadió que forcejeó con el pequeño para quitarle el hacha «taponándole la boca a la vez para que se callara y no le insultara, que le apretó la boca y la nariz» y que no quería «hacerle daño a Gabriel ni a nadie», dándose cuenta de que ya no respiraba.
Sin embargo, en el auto que dictó Soriano para ordenar en marzo el ingreso en prisión provisional de Quezada, el juez mantuvo que asfixió al menor con sus manos siguiendo una «malvada voluntad».
El juez asegura que resulta «incuestionable» la participación de la detenida en la muerte del menor, «por cuanto no sólo es que ella misma haya reconocido tan luctuoso suceso, sino de que de las intervenciones acordadas judicialmente y pruebas recopiladas, se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».