La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles a dos hombres acusados de estafar miles de euros a una persona con un grado de discapacidad del 67 por ciento y a su madre, a quienes convencieron para suscribir préstamos hipotecarios.
Por estos hechos el fiscal pide 12 años y medio de prisión para ambos. Los hechos tuvieron lugar en 2007. La víctima se puso en contacto con uno de los acusados, abogado, porque le interesaba un préstamo de 1.000 euros.
Sin embargo, el acusado le convenció para que, en lugar de ello, suscribiera uno de 12.000 euros. Finalmente, la víctima sólo recibió 5.000.
El mes siguiente, el acusado prometió al hombre que le conseguiría un trabajo para convencerle de que solicitara otro préstamo a favor de su madre por 36.000 euros. La víctima sólo recibió 11.000 euros.
Más tarde, según la Fiscalía, el acusado dijo a la víctima que dado que le iba a conseguir un trabajo se podía permitir solicitar nuevos préstamos. Así consiguió que constituyera junto a su madre una hipoteca cambiaria sobre la vivienda en la que residían por un importe de 105.000 euros.
Ésta fue endosada al día siguiente a favor del otro acusado, mediante un acuerdo previo con un tercer acusado que se encuentra fugado.
Según la acusación pública, el segundo acusado constaba como apoderado de la madre de la víctima y procedió a realizar una transferencia de 58.000 euros. Supuestamente, el beneficiario era la víctima, pero éste no recibió ninguna cantidad.
Los acusados cancelaron la hipoteca e interpusieron una demanda contra la madre de la víctima para exigir el pago de las deudas garantizadas, un total de 125.000 euros más intereses calculados a un 29 por ciento, interesando la subasta del inmueble.
En el momento de los hechos la víctima tenía reconocido un grado de discapacidad por trastorno mental del 67 por ciento y según un informe psicológico forense es una persona «vulnerable e influenciable para tomar decisiones».
Por todo ello, el Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron «con pleno conocimiento» de que tanto la víctima como su madre «carecían de un mínimo conocimiento en relación a lo que se estaban obligando». Especialmente, que desconocían que de no cumplir podrían perder la vivienda en la que residían.
Además, la Fiscalía también recalca que los acusados eran conscientes de que madre e hijo eran incapaces de satisfacer la deuda de 105.000 euros con sus ingresos mensuales, que no alcanzaban conjuntamente los 700 euros.
Por lo anterior, el fiscal acusa a los dos hombres de un delito de estafa agravada recayendo sobre vivienda y con aprovechamiento de la credibilidad profesional. Se da la circunstancia agravante de que uno de los acusados es reincidente.
La Fiscalía pide, además de las penas de cárcel, sendas multas de 7.300 y 3.650 euros, y que los acusados indemnicen a las víctimas en la cantidad que se determine durante el juicio. También propone declarar la nulidad del préstamo constituido sobre la vivienda.