David Oubel, el parricida confeso de Moraña (Pontevedra), fue el primer condenado en España a la pena de prisión permanente revisable tras haber aceptado todas las conclusiones del fiscal, incluida su petición de pena, por asesinar y descuartizar a sus dos hijas.
En octubre de 2016 una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176 apoyos, 135 votos en contra y 31 abstenciones) dio su apoyo a una iniciativa del PNV que pedía al Gobierno derogar la prisión permanente revisable, introducida en la pasada legislatura a propuesta del Partido Popular. Entre los partidos que pedían la derogación estaban PSOE, Unidos Podemos, ERC, y el resto de fuerzas del Hemiciclo. Únicamente PP y UPN estuvieron a favor de mantener la vigencia de la pena.
«Mi nombre es Rocío Viéitez y soy la madre de las víctimas. Como persona española, sin afiliación política concreta, me siento representada por cada una de las personas presentes en ese Congreso de los Diputados, y en este asunto en cuestión muestro mi total rechazo por la decisión de algunos de solicitar la derogación de esa pena».
Con estas palabras la progenitora de las niñas inició una recogida de firmas en el portal Change.org que hasta el momento ha sido secundada por más de 250.000 ciudadanos. En su explicación, Viéitez destaca que «cada persona es responsable de sus actos», y que «las malas acciones conllevan castigos, es así».
Afirma además que «creo en la reinserción. Por ello, las personas tienen la capacidad de renovación suficiente como para volver a ser útiles a la sociedad tras la condena. Sin embargo, en este afán de ser 'correctos', de 'mente abierta', 'tolerantes' y 'democráticos', nos olvidamos de la parte que permanece, en la gran mayoría de casos, callada: las víctimas. ¿Acaso la ley debe proteger mejor y dar más amparo al delincuente que a la víctima? ¿La libertad de uno significa la pérdida de libertad del otro (víctima)?».