La instrucción del caso de la ‘mafia laboral' concluye. El un auto, el magistrado encargado de las pesquisas mantiene la existencia de una organización criminal que explotaba 35 locales diferentes en el centro de Palma de una forma jerárquica y que, de forma sistemática explotaba a trabajadores y trabajaba tanto al margen de Hacienda como de la Seguridad Social. El instructor continúa las actuaciones contra 14 personas, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama, Juan Antonio S.G. contra quien aprecia indicios de que controlaba 16 sociedades diferentes a través de una serie de socios y de testaferros, si bien él era el auténtico titular.
De forma centralizada, el grupo desviaba la mayoría de sus ingresos a través de una caja ‘b'. Un informe de la Agencia Tributaria cifra en 5,2 millones de euros las cantidades defraudadas sólo en el impuesto de Sociedades entre los años 2009 y 2015. A esta cantidad hay que sumar todas las cuotas de la seguridad social de trabajadores contratados en negro. El magistrado incluye en el auto delitos de organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, alzamiento de bienes y un delito contra la salud pública. Este último ilícito tiene que ver con la venta de alimentos en mal estado en algunos de los establecimientos, una práctica que también se ha abierto un expediente por parte de la Inspección de Sanidad del Govern.
El auto describe cómo, en varias ocasiones los principales investigados y su abogado llevaron a la quiebra de forma ficticia varios negocios: dejaban de facturar en blanco y desviaban los beneficios hasta que cerraban y los declaraban insolventes para no pagar a proveedores ni a trabajadores. También se indican una serie de prácticas intimidatorias para controlar a empleados que, en al menos un caso, llegan hasta la violencia física. La resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial por las defensas, que niegan la existencia de una única organización coordinada.