Desde hace catorce años, cuando el jefe superior de Policía de entonces, Eduardo Pérez Extremera, y su homólogo de la Policía Local de Palma, Joan Feliu, se enfrascaron en una agria polémica, las relaciones entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma no habían estado tan deterioradas como ahora.
La Jefatura de Policía acusa al cuartel de San Fernando de invadir sus competencias, sobre todo en materia antidroga, y los jefes del CNP han remitido una carta de queja a la Fiscalía y la jueza decana. La tensión es tal que el jefe superior de Policía, Antonio Jarabo, ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión Provincial de la Policía Judicial, en la que previsiblemente estarán presentes el presidente de la Audiencia, el fiscal jefe, la jueza decana, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.
La gota que ha colmado el vaso fue la operación antidroga que Angélica Pastor, la regidora de la Policía Local, autorizó el viernes contra un local de venta de marihuana junto a la calle Olmos. En el operativo para detener a dos sospechosos participaron 25 agentes municipales, lo que en opinión del CNP «es absolutamente desproporcionado y causa una alarma injustificada». Lo más grave, para la Jefatura de Policía, es que esa intervención interfirió en una investigación antidroga que ellos tenían en marcha. Y que quedó reventada. Desde el CNP se remitió una carta dirigida al comisario jefe de San Fernando, Josep Palouzié, pero según parece no se obtuvo respuesta.
La Policía Nacional ha decidido quejarse oficialmente a la Fiscalía y a la jueza decano, para que sus compañeros del 092 dejen de invadir sus competencias. «La ley orgánica es clarísima: la Policía Local de Palma no tiene competencias en delitos relacionados con drogas. Pero con operaciones como la del viernes parece que no entienden un concepto tan claro», explicaron las fuentes consultadas.