Testigos del caso en el que se investiga presunta corrupción policial han recibido propuestas de recompensas económicas para que cambien su versión de los hechos, se retracten o declaren en la línea marcada por los investigados, según el juez que instruye la causa.
El magistrado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de sumario de la causa para salvaguardar la integridad de las víctimas y el resultado de la investigación porque ha habido diversos y graves episodios de coacción y amenaza.
Entre ellos ha mencionado en un auto presiones a dos testigos protegidos, una presunta conspiración de asesinato y una paliza a una testigo protegida, así como recompensas económicas «a testigos o personas que lo pueden ser en un futuro» para que modifiquen su versión o no declaren.
El juez considera que los investigados y su entorno contribuyen al mantenimiento del secreto sobre las actuaciones porque se están produciendo constantemente «indeseables y delictivas injerencias» en la investigación, incluida una querella contra un testigo que colabora con los investigadores.
El magistrado cree que el hostigamiento a los testigos obliga a mantener el secreto de las actuaciones, además de provocar que se abran nuevas investigaciones para esclarecer continuos episodios de amenazas, presiones y coacciones, que consumen tiempo y recursos que se restan de la investigación de la causa secreta, que se ve ralentizada.
Recuerda además en el auto que la Audiencia de Palma ha confirmado recientemente, en autos del 9 y del 15 de junio, el secreto de las actuaciones en esta causa.
De lo investigado, el juez aprecia «muy serios indicios» de intereses negociales y prebendas por parte de numerosos policías locales y funcionarios municipales en zonas como Palma, Playa de Palma y Calvià, donde intervenían por razón de su cargo, constituyendo «una clara y contrastada asociación para delinquir», en connivencia con grandes empresarios, entre ellos el Grupo Cursach.