La Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira al exteniente de alcalde de Cort Álvaro Gijón por su supuesta connivencia con los empresarios Bartolomé Cursach, arrestado el pasado martes y que continúa en los calabozos, y Miguel Pascual, propietario de la discoteca Oberbayern, que ya fue detenido y está en libertad con cargos por su implicación en la trama policial.
Uno de los puntos de la investigación es el decreto de ocupación de la vía pública. Esta norma, ‘experimental' y con vigencia limitada a algunos meses, permitió a los empresarios ampliar la ocupación de la primera línea de la Platja de Palma.
Según los investigadores, se beneficiaba así, básicamente, a ambos empresarios. Se da la circunstancia de que este ‘sospechoso' permiso fue firmado por Gijón cuando el entonces alcalde, Mateu Isern, estaba de vacaciones.
Los investigadores de la presunta trama de corrupción policial de Palma señalan a Cursach como el jefe de una trama que controlaba a policías, políticos y funcionarios. El empresario está acusado de recibir un trato de favor por parte de los policías adscritos a las unidades de Patrulla Verde, GAP y Distrito Litoral (Platja de Palma). Los agentes no sancionaban las infracciones cometidas en sus locales de ocio o personal de publicidad dinámica (tiqueteros). En el caso de que éstos fueran sancionados por otros compañeros, se encargaban de que las actas no se tramitasen.