El Ajuntament de Palma ha suspendido de manera indefinida de empleo y sueldo a los exjefes de la Policía Local Joan Mut y Antoni Morey, tras conocer que el juez que investiga presunta corrupción en el cuerpo ha adoptado medidas cautelares que les impiden acercarse a dependencias policiales.
La decisión se ha adoptado después de conocer la orden de alejamiento impuesta por el juez de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que les ha prohibido a ambos acercarse a menos de 300 metros de cualquier dependencia policial y que los investiga por el presunto entramado de corrupción en la Policía Local de Palma, ha informado el consistorio en un comunicado.
La regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha anunciado que suspenderá de manera indefinida de empleo y sueldo a los dos comisarios, por no poder realizar sus funciones de policía, ya que la orden de alejamiento les impide acercarse a las dependencias policiales.
La medida se interpondrá en aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, y será la misma que se ha interpuesto a aquellos agentes que están en la misma situación.
El ayuntamiento no podrá modificar las medidas cautelares interpuestas hasta que el juez retire las ordenadas a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ya que impiden a los agentes realizar su trabajo con normalidad.
«Cort sigue trabajando para depurar todas las responsabilidades que existan en el caso de corrupción policial, y que no deben volver a consentirse», concluye la nota del consistorio.
Mut es investigado por presunta prevaricación y coacciones. En cuanto a Morey, fue destituido el pasado 22 de febrero como comisario jefe de la Policía Local de Palma por varios textos aparecidos en redes sociales en relación con esta causa.
En un auto, el juez Penalva dijo al respecto que esos escritos indican que Morey sólo se consideraba superior jerárquico de quienes definía como «policías ejemplares», los investigados y encarcelados, a quienes se refirió como víctimas de una actuación organizada y arbitraria de los investigadores.
Según el juez, esos agentes que Morey defendió «solo se sirven a sí mismos y a oscuros e inconfesables intereses de muy variada índole», tal como considera que «ya ha demostrado sobradísimamente esta investigación».
El juez aseguró en su auto que Morey debía considerar ejemplar la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos y el trato desigual a empresarios, «las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio», así como «la incautación para sí de sustancias estupefacientes».