Natalia Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, ha reivindicado este miércoles en Madrid el derecho de las personas desaparecidas y sus familias, y «un protocolo consensuado y conjunto de todos los cuerpos de seguridad» ante esta problemática en España, donde desaparecen un promedio de dos personas al día.
Rodríguez, cuya hija desapareció hace 27 meses en Calvià, ha sido la encargada de leer un texto durante la concentración que se ha celebrado a las puertas del CaixaFórum de Madrid convocada por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSDGlobal en día en que se les recuerda.
La madre de Malen ha señalado que cada año desaparecen en España unas 10.000 personas; y si bien la mayoría aparece en pocos días, aproximadamente el 8 % «desaparecerá sin dejar rastro alguno».
Para Rodríguez «es un escándalo social que 773 personas, entre ellos menores de edad, desaparezcan como si la tierra se los hubiese tragado, se mire hacia otro lado y nadie haga nada».
«Nuestros desaparecidos no son un número, ni son un problema familiar, es un problema social y por tanto las instituciones tienen la obligación de dar respuestas y buscar soluciones a esta realidad social», ha señalado en su manifiesto.
Natalia ha alertado de que «la desaparición de un familiar no esquiva a nadie» y ha aludid a los casos de sustracciones parentales, donde las víctimas son «niños inocentes que se quedan sin su otra parte familiar, de donde es arrancado brutalmente, y tanto el menor como su otra la familia quedan desamparados».
Ha preguntado por qué en estos casos no se aplica «el convenio de La Haya», ya que «tanto los derechos del menor y humanos están abandonados por todas las instituciones, tanto españolas como extranjeras».
La «pesadilla» de la desaparición supone para las familias un vida «rota bruscamente ante una situación irracional, cruel, brutal».
«Desde ese momento ya no vivimos, aprendemos a sobrevivir, sobrevivir al silencio, a la incertidumbre, a las dudas, a la injusticia, a la mentira y a la decepción. Nuestras noches se convierten en miles de preguntas sin respuestas, ¿dónde están nuestros desaparecidos, cómo estarán, qué les pasó? y sobretodo, ¿qué lugar ocupan en la sociedad?
A pesar de que la vida continúa para el resto de personas, para los familiares «se ha detenido en un fatídico segundo» y ahora solo queda seguir en la dirección «de la lucha».
«Para que no caigan en el olvido, para mantener viva su memoria, su imagen y la esperanza de volverlos a abrazar. Una lucha que se convierte en nuestra bandera y en el motor de nuestra vida», ha continuado Natalia.
Se ha quejado de ver cómo el «sistema» les «cierra puertas en las narices, a la espera de que el tiempo y la indiferencia terminen por agotarnos y rendirnos».
«Vemos cómo desde las propias instituciones tanto los protocolos son incumplidos, como las promesas quedan en simple palabrería y despertamos a otro mundo, donde las cifras de desaparecidos, de cadáveres sin identificar, del tiempo de identificación de ADN de un cadáver son espeluznantes».
Ha reclamado «estadísticas reales y fiables» de las desapariciones, así como un protocolo único de actuación a nivel europeo en caso y «cooperación real de todas las fuerzas policiales».
«Las familias ante la desesperación exigimos respuestas, no aceptamos este silencio institucional, reclamamos la necesidad urgente de un protocolo consensuado y conjunto de todos los cuerpos de seguridad para actuar a la hora de una desaparición», ha insistido la madre de la joven desaparecida.
Ha incidido: «Se hace necesaria la voluntad política con compromisos formales, con carácter urgente, a fin de establecer formas que también amparen a las familias».
Según datos policiales, el año pasado se registraron 11.997 denuncias de desaparición, de las que 7.968 se referían a menores.
El 98 % de ellas están resueltas y en el caso de los menores se han aclarado el 99,9 %.
Precisamente este miércoles el Gobierno en funciones ha anunciado que reforzará la búsqueda de desaparecidos y actuará de manera preventiva frente a estos casos mediante la firma un convenio entre los ministerios de Interior, Sanidad y Justicia y la Fundación.