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La Audiencia ordena la puesta en libertad del primer encarcelado por maltrato animal

El acusado, durante el juicio. | Archivo UH

| Palma |

La Audiencia Provincial ha admitido a trámite el recurso de la defensa del primer encarcelado por maltrato animal. El condenado ingresó en prisión tras haber sido condenado a ocho meses por apalear hasta matar al caballo Sorky tras un mal resultado en una carrera de trote en Manacor.

Tras conocerse la sentencia, la defensa del acusado la recurrió ante la Audiencia Provincial. Finalmente, la Audiencia ha ordenado su puesta en libertad con la condición de que siga un programa de protección de animales.

El reo solicitó en su momento que se aplazara su encarcelamiento hasta que se resolviese el recurso, pero la jueza de lo penal número 8 lo envío a prisión, denegando esta medida y ordenando la ejecución del auto de reclusión.

Argumentos jurídicos

La sección primera de la Audiencia señala que, pese a compartir «plenamente los calificativos» de la jueza que dictó la prisión sobre el delito cometido por el condenado y sus valoraciones sobre el «rechazo social que genera», las argumentaciones para mantenerle en prisión «no pueden venir guiadas por razones de prevención general positiva».

Reprocha el tribunal que no se consideraran las circunstancias personales y familiares del reo, que cuidaba de su madre con demencia senil, y señala que la gravedad del delito ya fue ponderada por el legislador al establecer las penas que le corresponden, por lo que la decisión de suspender o no la ejecución del encarcelamiento «no puede suponer la realización de un nuevo juicio de gravedad».

«Tratándose de una pena corta de prisión, encontrará mejor respuesta en otras formas de cumplimiento a través de la participación en un programa de protección de animales», indica el auto.

Hechos

La jueza del caso calificó la muerte a palos de Sorky como «un método brutal como pocos existen». «La muerte atroz de este caballo de carreras en su propia cuadra del hipódromo es una aberración en el siglo XXI», que generó una legítima indignación en la ciudadanía mallorquina.

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